Un grupo de activistas sociales y representantes de la organización civil, se plantaron por 11 días frente a casa presidencial solicitando la consideración de la obligatoriedad de la vacuna anti Covid-19 a niños menores de 5 años. Las autoridades no recibieron, ni escucharon las solicitudes y el día de hoy enviaron, por orden del alcalde de San José Jonny Araya y de la presidencia de la república a las autoridades de la fuerza pública y la policía municipal a desalojarlos por la supuesta obstrucción de la vía pública.
Entre las organizaciones representadas se encuentran Grupo de Mujeres en Lucha Social, Movimiento por la salud y la libertad y la fundación para la defensa y promoción de los Derechos Humanos en Costa Rica (Fundeprode).
«No se trata de grupo anti-vacunas como dicen los medios de comunicación financiados por el gobierno, se trata de personas preocupadas por la violación de la libertad de elegir de los padres de familia con respecto a la salud de sus hijos, se trata de un tema muy delicado porque hablamos de pruebas experimentales en infantes de menos de 5 años.» declaró el presidente de la fundación de derechos Humanos Hermes González.
Por su parte la Dra. Jimena Campos, quien es una profesional en la salud que expresa su preocupación al respecto «Hay amenazas que pueden llegar a las casas e inocular a los niños menores de 5 años incluso por encima de la voluntad de los padres de familia, y quien quita hasta con la policía. Esto está pasando en Costa Rica, no es otro país, está pasando aquí.. estamos bajo amenaza.» dijo la Dra. Campos por medio de sus redes sociales.
