Balaceras y sangrientos motines en las cárceles, asesinatos selectivos, desapariciones, secuestros extorsivos, coches bomba y amenazas de artefactos explosivos se han vuelto episodios cotidianos en la vida de los 18 millones de personas que viven en Ecuador, que atraviesa desde hace un tiempo la crisis de seguridad más grave de su historia.
El Gobierno atribuye esta situación a los «golpes» que le ha propinado al crimen organizado, tanto en términos de incautación de drogas como a su capacidad de producción, y a las peleas entre los grupos delincuenciales organizados que se disputan territorios para poder llevar a cabo sus operaciones ilícitas.
Recientemente, el presidente Guillermo Lasso afirmó que estos grupos no tienen drogas para traficar y por ello el fenómeno de la inseguridad ha migrado a otros delitos.
«Los grupos delincuenciales organizados, los internos, no tienen droga que comerciar, entonces su capacidad delictiva la mutan hacia otros delitos como es la extorsión, el chantaje, los intentos de secuestro, las «vacunas (extorsivas, un cobro que exigen estos grupos a los comerciantes, a cambio de ofrecerles «seguridad» y también las muertes violentas», aseveró el mandatario.
Como medida de contención de la situación, el Gobierno decretó varios estados de excepción y la tenencia y porte de armas regulada, por parte de civiles, lo que causó alarma entre los expertos ante un probable aumento de muertes violentas en el país.
Ecuador registró en 2022 una cifra récord de muertes violentas, con 4.539 homicidios, pero los expertos pronostican que el 2023 va camino a superar con creces esa cifra.
A fines de marzo, el ministro del Interior, Juan Zapata, dijo al diario digital Primicias que entre el 1 de enero y el 20 de marzo se contabilizaron 1.356 muertes violentas en el país, cifra que representa un incremento de 66,4 por ciento con respecto a igual período del año precedente, cuando se registraron 815 homicidios.
«Las causas de la ola de violencia que vive el Ecuador son varias. No hay una respuesta simple para un tema tan complejo (como el) que estamos viviendo», aseveró a la Agencia Sputnik la especialista en Seguridad e Inteligencia, Carolina Andrade.
En su opinión, si bien la problemática del narcotráfico es real, con una sobreproducción de estupefacientes en territorio colombiano, existen otros factores internos que condicionan la escalada de la inseguridad y la violencia.
Causas y efectos
Andrade, ex coordinadora general de Inteligencia durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017), expuso que existen factores internos y externos que influyen en la ola de inseguridad que azota al país y que no se circunscriben únicamente a las disputas por territorios que protagonizan los grupos delincuenciales.
Entre los factores externos, la especialista señala la sobreproducción de drogas en la vecina Colombia, a niveles históricos, con un crecimiento de 43 por ciento en 2022 con respecto al año anterior, según el último informe de la Organización de las Naciones Unidas.
Andrade dijo que Colombia está produciendo los mismos niveles que en el año 2000, cuando se comenzó a aplicar el Plan Colombia, y cuatro veces más que en la época del narco Pablo Escobar.
«Eso ya nos da un indicador externo de que las acciones que se han llevado a nivel regional de la política antidrogas ha sido un fracaso para erradicar los cultivos de uso ilícito», explicó sobre la situación en el país vecino.
Andrade dijo que el proceso de paz entre el Gobierno colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), firmado en 2016, privilegió el eje represivo y militar y no el social, principalmente en las zonas fronterizas de los departamentos de Nariño y Putumayo, limítrofes con Ecuador en las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, lo cual ha repercutido en la situación actual del país.
Entre los factores internos que inciden en el aumento de la criminalidad en Ecuador, que afecta con énfasis la ya mencionada provincia de Esmeraldas y la de Guayas (suroeste), están el desmantelamiento del ministerio de Justicia, que administraba la gestión y administración de las cárceles y la rehabilitación social.
«Este ministerio se lo eliminó y se lo entregó nuevamente a la Policía (Nacional) y vemos ahora cuáles son los resultados», dijo la especialista.
A ello se suma la eliminación del ministerio del Interior y el traspaso de sus funciones al ministerio de Gobierno, que tuvo lugar en la administración anterior, y el asesinato a finales de 2020 del líder de la banda delincuencial «Los Choneros», la principal organización delictiva del país, lo cual desembocó en el enfrentamiento de las bandas dentro y fuera de las prisiones.
Otros elementos a tomar en cuenta en este contexto es el tráfico ilícito de drogas para el uso de consumo interno y, como añadido, la crisis económica y social que no ha sido atendida incluso desde antes de la pandemia de covid-19.
Ello, en opinión de Andrade, ha traído consigo que las economías ilícitas ocupen territorios, capten población y la involucre en estas redes, ya sea a través de la extorsión y la amenaza, lo cual ha propiciado también el incremento de la migración irregular para llegar a EEUU, en la cual se han involucrado a más de 200.000 ecuatorianos y cerca de 4.000 niños solos.
Falta estratégica
Para Andrade es evidente que nunca existió la estrategia «reservada» en seguridad que el presidente Lasso refirió tener para el país, porque no se ha visto cambio alguno en cuanto a las prioridades en este ámbito ni en otros sectores del Estado; por el contrario, la violencia es cada vez mayor.
De acuerdo al Gobierno, el plan para combatir el narcotráfico y sus estructuras mafiosas costaría unos 5.000 millones de dólares, para lo cual busca la cooperación internacional, en especial de EEUU y la Unión Europea.
Hasta diciembre de 2022, Estados Unidos había cooperado con 30 millones de dólares en materia de seguridad, según informó el entonces secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordoñez, quien renunció al cargo tras duras críticas a su gestión y al gobierno por una presunta falta de estrategia para enfrentar el problema.
Según Ordóñez, Ecuador vive un fenómeno inédito de violencia criminal, delincuencia organizada y el recrudecimiento del delito común, aunque similar al que experimentan otras naciones latinoamericanas, pero que se agudiza porque en el país existen eventos «orientados a crear zozobra y temor entre los ciudadanos».
Zapata, en tanto, anunció una inversión millonaria para dotar a los cuerpos armados de los implementos para reforzar la lucha contra el accionar de los grupos delincuenciales, con la compra a Israel de chalecos, municiones e incluso de vehículos blindados.
«No tenemos un antes ni un después a partir de esos anuncios y lo único que hemos visto es un sostenido crecimiento de la violencia y el uso de artefactos explosivos, de territorios cedidos al narcotráfico, de estructuras de gobernanza criminal que se siguen fortaleciendo y que son las que definen las dinámicas sociales y económicas en territorio donde no hay presencia del Estado», aseveró Andrade.
En su apreciación, no existe capacidad de liderazgo por parte del presidente Lasso para llevar adelante una verdadera estrategia de Estado que haga frente al momento de violencia y criminalidad que vive el país.
Expuso que ha sido evidente la falta de toma de decisiones por parte del Gobierno en los dos últimos años con respecto a los recursos que debería destinar a la seguridad y también al sector social.
«Solamente han sido anuncios, pero no hay intención de que eso se convierta en políticas públicas, en programas y proyectos serios que inviertan en la gente», dijo.
El presidente Lasso, quien está a las puertas de un juicio político en su contra por el presunto delito de peculado, aseguró el domingo que 1.100.000 ecuatorianos salieron de la pobreza, se han creado 500.000 empleos y se han construido cuatro hospitales, 16 unidades educativas y 15.000 soluciones de vivienda gratuitas en los últimos 19 meses.
Andrade opinó que se debería aplicar una estrategia que priorice la prevención a partir de la implementación de políticas públicas de educación, salud, deporte y cultura, en contraposición a una lógica demasiado enfocada en lo represivo.
«Esto es un elemento central que debería orientar la visión de las políticas de seguridad que se planteen y que tienen como objetivo canalizar esfuerzos, sobre todo en el ámbito de la prevención y protección ciudadana, en niños, jóvenes, en poblaciones vulnerables y no como actualmente sucede, desde una visión represiva, de militarizar las calles como única respuesta a la ola de violencia que se está viviendo», aseveró.
Por el momento, los vecinos han comenzado a hacer rondas en sus barriadas para espantar a los maleantes, mientras otros han decidido tomar la justicia por la mano ante la incapacidad del Estado de resolver la situación y la incertidumbre de llegar con vida al día siguiente.
Sputnik
