Ginebra, 29 abr (NoticiasONU) – El Comité de Derechos Humanos de la ONU aseveró este jueves que la investigación y el enjuiciamiento del expresidente brasileño Luiz Ignacio Lula da Silva violaron su derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial, su derecho a la privacidad y sus derechos políticos.
El Comité presentó este jueves sus conclusiones sobre la denuncia presentada por el exmandatario sobre cómo fue llevado a juicio en la investigación de corrupción más grande de la historia de Brasil.
Los expertos del Comité reconocieron la obligación de los Estados de indagar y enjuiciar a los funcionarios públicos independientemente de su jerarquía, pero subrayaron que estas averiguaciones deben realizarse dentro del marco de la ley.
Lula da Silva fue presidente de Brasil de 2003 a 2010. En 2016 se le investigó por supuesta participación en dos casos de la “Operación Lava Jato”, una amplia indagación criminal que destapó la corrupción entre la empresa estatal de petróleo y gasolina, Petrobrás, varias empresas constructoras y políticos brasileños para obtener fondos secretos de campaña. La investigación estuvo a cargo del exjuez federal en lo Penal Sergio Moro.
Escuchas y arresto
Durante las pesquisas, Moro aprobó una solicitud del fiscal para intervenir los teléfonos de Lula, de su familia y su abogado, divulgando el contenido de las escuchas telefónicas a los medios de comunicación antes de formular cargos formalmente.
El exmagistrado también emitió una orden judicial de detención a Lula para interrogarlo. La orden se filtró a la prensa, lo que dio lugar a fotografías de Lula que lo hicieron aparecer como si estuviera arrestado.
El Comité explicó que la orden de arresto violó la ley interna y el derecho a la libertad personal de Lula y que las escuchas telefónicas y la divulgación de sus conversaciones al público violaron su derecho a la privacidad.
“Los Estados tienen el deber de investigar y enjuiciar los actos de corrupción y de mantener informada a la población, especialmente cuando se trata de un exjefe de Estado; sin embargo, tales acciones deben llevarse a cabo de manera justa y respetar las garantías del debido proceso”, dijo Arif Bulkan, integrante del Comité.
Sentencia
Luego de los abusos que condujeron al arresto del expresidente, en julio de 2017 Moro lo condenó a nueve años de prisión y en enero del año siguiente, el Tribunal Regional Federal extendió la sentencia a doce años. Con apelaciones pendientes de dictamen, Lula empezó a cumplir la pena en abril de 2018.
Ese mismo año, el Tribunal Superior Electoral rechazó la candidatura de Lula da Silva a los comicios presidenciales de octubre puesto que la legislación del país impide que cualquier persona condenada por ciertos delitos y bajo ciertas condiciones pueda postularse para un cargo público, incluso si hay recursos pendientes. El actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ganó esas elecciones.
La condena de Lula fue anulada en 2021 por el Tribunal Supremo Federal, que consideró que el exjuez Moro no tenía competencia para investigar y juzgar los casos. Derogó asimismo la investigación sobre la base de que el exmagistrado no se consideraba imparcial.
Violaciones sin reparación
El Comité de Derechos Humanos señaló que si bien el Tribunal Supremo Federal anuló la condena y el encarcelamiento de Lula en 2021, “estas decisiones no fueron lo suficientemente oportunas ni efectivas para evitar o reparar las violaciones”.
Para los expertos, la conducta y otros actos públicos del exjuez Moro violaron el derecho de Lula a ser juzgado por un tribunal imparcial y sus actuaciones y declaraciones públicas, al igual que las de los fiscales, violaron el derecho del exmandatario a la presunción de inocencia.
Además, el Comité consideró que estas violaciones de procedimiento hicieron que la prohibición de Lula de postularse para la presidencia fuera arbitraria y, por lo tanto, transgrediera sus derechos políticos, incluido el de postularse a un cargo.
Finalmente, el Comité instó a Brasil a garantizar que cualquier otro proceso penal contra Lula da Silva cumpla con las debidas garantías procesales y que no permita violaciones similares en el futuro.
