El próximo 28 de agosto, la asamblea legislativa deberá rectificar al magistrado Luis Porfirio Sánchez para un periodo de 8 años más, sin embargo, su posible reelección está siendo cuestionada por varias organizaciones civiles, debido a irregularidades en su actual gestión.
Un comunicado de 18 organizaciones enviado a los diputados de la Asamblea Legislativa declara que el actual magistrado Sánchez «presuntamente habría cometido actos de violencia contra las mujeres y vulneratorios de sus derechos. Se ha denunciado que en su calidad de juez laboral rechazó una demanda por acoso sexual contra un exdiputado; decisión que posteriormente fue revertida por la Sala Segunda debido a serios vicios en el procedimiento y una errónea aplicación de la ley vigente. En la sentencia de la Sala Segunda quedó constancia de la falta de debida diligencia y total ausencia de perspectiva de género que tuvo el entonces juez Sánchez al conocer los hechos en primera instancia”.
Además, informes periodísticos y testimonios de jueces, cuya identidad no es revelada debido a que temen replesarias, han dado a conocer que existe una relación entre Sánchez y Celso Gamboa quién estuvo involucrado en el famoso caso del CEMENTAZO y en otros casos.
Las organizaciones le piden a la Asamblea Legislativa que valore los cuestionamientos que pesan sobre el magistrado y recordaron que “los estándares internacionales exigen que quienes ocupen altos cargos en el Poder Judicial sean personas idóneas e íntegras, y la normativa nacional exige el deber de probidad y rectitud para todas las personas funcionarias públicas”.
Según los testimonios anónimos «hay una gran corrupción, su mujer es la que administra todo y se le relaciona con varios cuestionados abogados vinculados en casos de corrupción del PANI.