- Recomendaciones para los gobiernos a la hora de abordar la pandemia.
(HUMAN RIGHTS WATCH) Los gobiernos deberían responder a la pandemia COVID-19 priorizando el derecho a la salud universal y el respeto por los derechos humanos, dijo Human Rights Watch hoy en un nuevo informe.
El informe “Human Rights Dimensions of the COVID-19 Response” (“Dimensiones de derechos humanos en la respuesta al COVID-19”) analiza las obligaciones del gobierno y las preocupaciones de derechos humanos planteadas por el brote de coronavirus junto con ejemplos de respuestas hasta el momento. Human Rights Watch propone recomendaciones para que los gobiernos tomen medidas para frenar el brote al tiempo que respetan los derechos humanos fundamentales, incluidos los derechos a la salud, la libre expresión, la no discriminación y la libertad de circulación.
“A medida que los gobiernos comienzan a ampliar su respuesta de salud pública, la amenaza planteada por el COVID-19 es una razón para reafirmar, en lugar de abandonar, los derechos de todas las personas”, dijo Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. “Eso significa dar prioridad a la ciencia sobre la política, cuidar a los que están en mayor riesgo, evitar la censura, limitar los confinamientos y generar la confianza del público que es esencial para una respuesta efectiva”.
Los gobiernos deberían evitar restricciones radicales y muy extensas sobre el movimiento y la libertad personal, confiar en el distanciamiento social voluntario e imponer restricciones obligatorias solo cuando esté científicamente justificado y sea necesario y cuando se puedan garantizar sistemas para apoyar a los afectados. Cuando se imponen cuarentenas o confinamientos, los gobiernos están obligados a garantizar el acceso a alimentos, agua, atención médica y apoyo para la atención de cuidado. Deben abordar las preocupaciones especiales de las personas en las prisiones, cárceles y centros de detención de inmigrantes, las personas mayores y las personas con discapacidad ingresadas en instituciones.
En varios países, el brote del COVID-19 ha puesto en evidencia deficiencias en los sistemas de protección de la salud pública y el bienestar social que dificultan la protección de las poblaciones en riesgo y reducen la transmisión de enfermedades. Los gobiernos deberían ampliar las campañas de información para garantizar que las personas conozcan el riesgo del COVID-19 y las estrategias para evitar la infección. Deberían garantizar que todas las personas puedan acceder a la atención médica esencial, incluidos los inmigrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados; dirigir la ayuda para ayudar específicamente a los trabajadores de bajos salarios afectados; y abordar el impacto desproporcionado que afrontan las mujeres y las niñas. También deberían tomar medidas políticas específicas para cumplir el derecho a la educación, incluso si las escuelas están temporalmente cerradas.
Desde que se identificó por primera vez un nuevo coronavirus en diciembre en Wuhan, China, Human Rights Watch ha informado sobre abusos de derechos relacionados con la respuesta autoritaria del gobierno chino, los riesgos para prisioneros y detenidos en Estados Unidos, Siria e Irán, el impacto en las personas mayores, el cierre de escuelas en el Reino Unido, el colapso del sistema sanitario en Venezuela y otras consecuencias en los derechos humanos del brote y las medidas de respuesta.
“La mejor manera de combatir el COVID-19 es ser escrupulosamente honesto con el público, restringir el movimiento solo según sea necesario para limitar la transmisión y atender a los que están en mayor riesgo”, dijo Roth. “El coronavirus no conoce fronteras y ha demostrado que nuestra propia salud solo es tan fuerte como la de la persona que tenemos al lado. Su rápida propagación nos recuerda nuestra conexión global y nuestra responsabilidad compartida”.
