Un día, el domingo 26, duró la escaramuza diplomática y comercial entre Bogotá y Washington, suficiente para colocar a América Latina y el Caribe en la emergencia de encontrar propuestas ante el drama de los millones de sus migrantes que van a Estados Unidos, y el de los muchos miles que son repatriados.
La mandataria hondureña Xiomara Castro convocó a una cumbre de urgencia a los jefes de Estado y de gobierno de los 33 países que integran la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), de la que es presidenta pro témpore, el jueves 30 en Tegucigalpa, en modalidad híbrida, virtual y presencial.
El presidente colombiano Gustavo Petro, quien además en breve debe relevar a Castro, anunció que acudirá de modo presencial. Su par mexicana, Claudia Sheinbaum, indicó que estudia si acudirá en persona a la cita.
La agenda de Tegucigalpa comprende tres temas: migración, medio ambiente y unidad latinoamericana y caribeña, pero es claro que el tema migratorio dominará lo que se debata porque está impactando de modo inusitado las relaciones hemisféricas.
Aviones militares estadounidenses, con centenares de migrantes indeseados por su gobierno fueron despachados hacia países de América Central y del Sur durante la primera semana de la presidencia de Donald Trump, iniciada el día 20.
Las imágenes distribuidas en algunos casos por el propio gobierno de Estados Unidos mostraron filas de migrantes esposados entrando en aviones militares para transporte de tropas y carga.
México debió recibir 4000 migrantes deportados de Estados Unidos solo en la semana del 20 al 26 de enero, informó Sheinbaum. También llegaron vuelos a Guatemala y a Brasil, este último en condiciones deplorables tanto del avión como de los ocupantes, por lo que Brasilia emitió una nota de protesta.
La escaramuza Bogotá-Washington se produjo porque el presidente colombiano Gustavo Petro negó el permiso para el aterrizaje de dos vuelos con migrantes colombianos deportados y las aeronaves militares debieron dar media vuelta.
Petro alegó que su gobierno recibirá a sus connacionales, pero exigió respeto y trato digno para quienes sean deportados, porque “los migrantes no son delincuentes”.
La réplica de Trump fue inmediata, con un paquete de sanciones sobre Colombia: aranceles adicionales de 25 % para los productos colombianos -que elevaría a 50 % en una semana-, suspendió la emisión de visas en Bogotá y retiró las visas a funcionarios de Colombia y a sus familiares y relacionados.
Petro respondió ordenando igualmente aranceles sobre importaciones de Estados Unidos, alertó de que en su país hay más de 15 000 estadounidenses que no han legalizado correctamente su estadía, y en un largo mensaje en redes sociales expuso la medida de Trump como parte de un plan para derrocarlo.
La decisión de Trump impactó inmediatamente a la población que requiere los servicios consulares estadounidenses en Colombia, pero sobre todo cayó como una bomba sobre los sectores de economía privada, pues Estados Unidos es el principal socio comercial de este país sudamericano.
Estados Unidos es el destino de 29 % de las exportaciones de Colombia, según la Cámara de Comercio Colombo-Americana. En 2024 las exportaciones colombianas a ese país sumaron 13 098 millones de dólares, según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Más de la mitad (52 %) fueron productos minero-energéticos (petróleo, oro), y el resto café, flores, puertas y ventanas, bananas y aguacates, principalmente. Colombia importa de Estados Unidos derivados de petróleo, maquinaria, equipos electrónicos, insumos agrícolas y productos químicos y farmacéuticos.
Cuando la tensión Bogotá-Washington alcanzaba su cenit, líderes empresariales como Brice MacMaster, presidente de la Asociación Nacional de Industriales de Colombia, llamaron a reconsiderar las decisiones de Petro, llamando la atención sobre los perjuicios para el conjunto de la economía y el empleo en el país.
“Se encarecerán productos como los electrónicos o el maíz amarillo que se necesita para los alimentos para animales. El Estado dispondrá de muchos menos dólares para atender el cuadro de sus necesidades y el servicio de la deuda”, comentó MacMaster.
En Estados Unidos probablemente sentirían el alza de precios los consumidores de café colombiano y los de flores por ejemplo en la festividad del Día de San Valentín este febrero.
Colombia, donde hay bases estadounidenses, también está enlazada con Washington en programas de cooperación militar -su ejército libra por estos días una dura campaña contra formaciones guerrilleras en la nororiental región del Catatumbo- y de lucha contra carteles de tráfico de drogas.
Medios de comunicación y políticos opositores en Colombia subrayaron que en el pasado reciente se han aceptado los vuelos de deportación. Solo el año pasado, bajo la presidencia de Petro, se admitieron 124.
Mientras los medios multiplicaban sus reportes sobre la confrontación, diplomáticos de Colombia y Estados Unidos buscaban una salida, la que finalmente se produjo al cierre de la jornada.
La Casa Blanca dijo que Colombia “aceptó todos los términos del presidente Trump”, incluido el de permitir que aviones militares estadounidenses envíen de regreso a Colombia.
La suspensión de visas se mantuvo hasta que se acepte el primer avión cargado de deportados, y la orden sobre aranceles y sanciones se mantendría “en reserva” en caso de que Colombia no cumpla con su parte del acuerdo.
“Los acontecimientos de hoy dejan claro al mundo que Estados Unidos vuelve a ser respetado”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado en el que se anunció el acuerdo.
Agregó, en un mensaje insoslayable en la cita de Tegucigalpa, que “el presidente Trump seguirá protegiendo ferozmente la soberanía de nuestra nación y espera que todas las demás naciones del mundo cooperen plenamente para aceptar la deportación de sus ciudadanos que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos”.
El canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, declaró por su parte al anochecer del domingo que “hemos superado el impasse con el gobierno de Estados Unidos”.
Murillo y el embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, sostendrán una serie de reuniones de alto nivel en los próximos días para “dar seguimiento a un intercambio de notas diplomáticas” entre ambos gobiernos.
El gobierno colombiano seguirá recibiendo a los colombianos deportados, “garantizándoles condiciones dignas”, aseguró Murillo, y Petro puso a disposición el avión presidencial para facilitar el próximo viaje de ese tipo.
A pesar de la distensión de última hora, la escaramuza fue la crisis diplomática más importante en muchos años entre Estados Unidos y un país que tradicionalmente ha sido su aliado durante décadas.
Fuente. IPS