Ciudad de México, 28 jul (Sputnik).- El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, afirmó el martes durante su primera audiencia judicial que es inocente de los cargos de corrupción en su contra y dijo que fue presionado, informaron medios locales.
«Demostraré que no soy responsable ni culpable de los delitos que se me imputan», dijo Lozoya mediante una videoconferencia sobre los cargos de lavado de dinero y haber recibido fondos ilícitos relacionados con una compañía de fertilizantes.
Lozoya, quien se encuentra en un hospital por presentar anemia y el síndrome de Barret tras llegar extraditado desde España a mediados de julio, dijo que fue «intimidado, presionado e instrumentalizado de manera sistemática», aunque no brindó nombres vinculados al caso, informó la revista Proceso en su página web.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Lozoya de recibir varios pagos de Alonso Ancira, presidente de la siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA), para que Pemex comprara la fábrica de fertilizantes Agro Nitrogenados con un sobreprecio de 240 millones de dólares, pero considerada «chatarra».
Según los reportes de los medios mexicanos, que seguían la audiencia minuto a minuto en sus páginas web, la defensa del exfuncionario dijo que solicitó a la FGR que le otorgue el criterio de oportunidad, una figura legal que permite que el acusado opte por la reparación de los daños ocasionados a cambio de identificar a otras personas vinculadas al caso.
Lozoya dirigió la petrolera de diciembre de 2012 a febrero de 2016, durante el mandato del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
El exfuncionario también es acusado de haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht durante la campaña electoral de Peña Nieto para otorgarle contratos de obra si ganaba la presidencia, pero la audiencia del martes se refería solo a los cargos por la planta de fertilizantes.
Lozoya fue detenido por la policía de España en febrero de este año, en la exclusiva residencia La Zagaleta, Málaga, en la Costa del Sol española, cumpliendo una orden judicial de mayo de 2019. (Sputnik)
