Tomado de: Diario Extra/ 20 noviembre 2019
Hasta DIARIO EXTRA llegaron dos enfermeros de un albergue de adultos mayores que opera en Heredia, Residencia Geriátrica Nuestra Señora de los Ángeles, con el propósito de denunciar las pésimas condiciones en que opera ese centro y el maltrato del que son víctimas sus residentes.
Trajeron una carpeta repleta de fotografías que evidencian aparentes agresiones a los ciudadanos de oro y una denuncia que fue interpuesta desde 2018 ante el Ministerio Público, alegando que nadie quiere investigar el caso.
Las imágenes de los cuerpos de los adultos mayores con úlceras son impactantes y ambos denunciantes afirman que si bien la piel de muchas de estas personas en sensible y susceptible a este tipo de heridas, lo cierto es que el establecimiento no está dando el trato digno para el cual abrió sus puertas.
Manifiestan que a muchos residentes los mantienen defecados por horas en las habitaciones, otros no llevan la alimentación que les corresponde y, peor aún, no hay dinero para comprar insumos médicos para atender sus lesiones.
El hogar atraviesa un problema económico que la propia administradora reconoce, pero esto jamás podría tenerse como una justificación de los malos tratos contra los adultos mayores que ahí permanecen, por el contrario, esta denuncia debe ser vista de inmediato por las autoridades competentes.
Hemos sido testigos de situaciones anómalas cometidas en este tipo de residencias, la policía ha tenido que allanar otros recintos tras comprobarse las agresiones y el abandono.
¿Quiénes son los encargados de supervisar estos centros y aprobar los presupuestos en el Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social, Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor y dependencias como la Junta de Protección Social? Es evidente que si existen irregularidades, nadie debería aprobar los dineros públicos que se entregan.
A raíz de estas denuncias formales y de las que El Diario del Pueblo tiene copia tendrían que intervenir de urgencia porque se está vulnerando la vida de personas indefensas.
Además los familiares de muchos residentes pagan sumas que van de ¢300.000 a más de ¢500.000, supo este medio. ¿Cómo es que nadie está vigilante de este tipo de situaciones?
Es una realidad que los albergues, hogares y residencias de adultos mayores están hacinados. La población de la edad de oro crece como la espuma, sin que el país esté preparado para atenderla, pero eso no implica que cualquier recinto sea avalado para recibir adultos sin antes pasar por una fiscalización estricta.
Deben tener mucho cuidado las instituciones que están sacando dinero del erario y dándolo sin antes monitorear y supervisar las operaciones de estos establecimientos.
Urge un mecanismo de control porque no es posible que el propio Estado esté pagando sumas millonarias a albergues que no son aptos, donde se agrede a las personas vulnerables, nos referimos no solo al ahora denunciado, sino en general.
Los ancianos constituyen una población que está arrinconada, que vive en la pobreza, muchos con pensiones muy bajas, que no les permite comer tres veces al día, algunos sin casa ni familia, y peor aún, agredidos física, verbal y sexualmente.
Para 2050, es decir en 32 años, el 21% de la población costarricense será adulta mayor, pues superará los 65 años. Es decir, 21 de cada 100 ciudadanos tendrán carné de oro.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) confirman que en nuestro país viven 389.840 personas mayores de 65 años, quienes representan el 7,9% de la población costarricense.
Al cumplir 65 años la esperanza de vida de los ticos es de 18,7 años más para los hombres, pueden llegar a 83,7 años, y de 21,2 más para las mujeres, o sea hasta los 86,2 años.
La vida en la vejez es complicada en Costa Rica. El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor atiende aproximadamente cerca de 1.500 reportes de agresiones al año y la cifra aumenta casi un 20% anualmente. En promedio un 30% de este segmento de la población vive en pobreza y cerca de un 5% de este en extrema pobreza.
Datos de la Defensoría de los Habitantes revelan que más de 7.000 personas mayores de 65 años buscan un sitio donde vivir porque no tienen acceso a un techo propio.
Cifras demuestran que en 2017 abandonaron a 415 adultos mayores en hospitales nacionales y albergues, pero sus familias no regresaron por ellos.
Lo que sucede en este centro tiene que atenderse de inmediato, debe imperar el auxilio a las personas mayores que viven en él y por ende se impone el deber de observancia y cuidado del Estado, que otorga la patente de funcionamiento, el permiso de salud y el dinero por montones.
DIARIO EXTRA supo que solo este albergue recibe de la Junta de Protección Social aproximadamente ¢600 millones al año, entonces debe estar supervisado por los cuatro costados. No se trata de cortar presupuestos de forma antojadiza, dejando a miles de adultos mayores en el limbo.
