( La Nueva Prensa Colombia ) Entes de control deberán indagar si Hernández y Betancur recibieron pagos irregulares o algún otro tipo de recompensas para dejar huir a tres ejecutivos brasileños de Odebrcht y si es por ello que ocultan sus declaraciones de renta.
Los dos fiscales subalternos a quienes les encomendaron todos los casos en los que el entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez Neira tenía y mantiene claros intereses personales, se han negado a hacer públicas sus declaraciones de renta y patrimonio, continúan recibiendo casos penales de máximo interés público y están engavetadas las denuncias que existen en su contra.
Son ellos Daniel Ricardo Hernández Martínez (fiscal 7 delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá) y Álvaro Enrique Betancur Martínez (Fiscal 11 Delegado Ante el Tribunal Superior de Bogotá). A ambos, el abogado Miguel Ángel del Río y el periodista Gonzalo Guillén les dirigieron este miércoles sendos derechos de petición en los que les exigen publicar sus declaraciones de renta y patrimonio, como lo ordena en su artículo segundo la ley 2013 de 2019. Ambos fiscales se encuentran en las categorías burocráticas cuyos titulares tienen la obligación de publicar, bajo la gravedad del juramento, sus declaraciones de bienes y rentas.
Del Río y Guillén buscaron tales declaraciones en la página https://www.funcionpublica.gov.co/ley-transparencia-web/busqueda.jsp, donde deben estar obligatoriamente, pero no encontraron allí la de ninguno de los dos.
Contra ambos –principalmente Hernández– existen denuncias penales por prevaricato y otros delitos pero se encuentran inexplicablemente engavetadas en la Fiscalía. Dos de ellas fueron interpuestas en abril de 2018 ante Néstor Humberto Martínez Neira (entonces fiscal general) por el ex fiscal ad hoc Leonardo Espinosa Quintero, quien fue designado en ese cargo por la Corte Suprema de Justicia debido a los intereses personales que tenía y aún tiene Martínez Neira en los casos judiciales de Odebrecht junto con su socio el Grupo Aval, pues ha sido abogado de ambos e intervenido en los casos de soborno por los que son investigados.
Además de los derechos de petición, solicitaron a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN; a la Procuraduría General de la Nación y a otras entidades de control indagar por qué motivos Hernández y Betancur han eludido la publicación de sus bienes y rentas y examinar si ellos coinciden con sus ingresos legales.
Una de las denuncias de Espinosa contra Hernández se refiere a que permitió que huyeran tres altos funcionarios brasileños de Odebrecht en Colombia (Eder Paolo Ferracuti, Marcio Marangoni Marangoni y Amilton Hideakiu Sendai) y pudieran sacar los fondos que mantenían en bancos para huir de país con ellos. Solamente a uno (Eder Paolo Ferracutti) le permitió sacar más de 908 millones de pesos que tenía en CDTs desde hacía varios años en tres bancos: Corbanca-Helm, Itaú-Corbanca y Colpatria-Scotiabank. Hernández le protegió la huida con ese dinero, indica la denuncia del fiscal ad hoc.
Apartes de dos denuncias elevadas por el fiscal Ad Oh Leonardo Espinosa contra los fiscales subalternos Daniel Hernández y Álvaro Betancur.
Espinosa denunció a Hernández ante Martínez Neira por haberse negado a radicar oportunamente órdenes de captura expedidas contra los tres brasileros de Odebrecht, con lo cual les facilitó la posibilidad de huir de Colombia y de su justicia.
“Por algo así destituyen y apresan con toda razón a cualquier fiscal en Colombia, pero a ellos no”, declaró alarmado un fiscal colombiano que conoce el caso.
Los entes de control deberán indagar si Hernández y Betancur recibieron pagos irregulares o algún otro tipo de recompensas para dejar huir a los brasileños y si es por ello que ocultan sus declaraciones de renta.
Martínez Neira renunció a la Fiscalía General cuando supo que la Corte Suprema de Justicia le iba a pedir que se retirara del cargo debido al cúmulo de intereses personales que mantenía en múltiples investigaciones penales, en las que invariablemente puso a sus fiscales de confianza Hernández y Betancur.
Las denuncias de Espinosa contra Hernández y Betancur permanecen engavetadas, como se dijo, y el despacho del fiscal general le continúa asignando a Hernández casos de gran impacto e interés nacional.
En efecto, a Hernández le acaba de entregar el actual fiscal general (Francisco Barbosa) una investigación por medio de la cual, según se ha denunciado, la Fiscalía intenta perseguir, acosar, hacerles falsos cargos, deshonrar y apresar a los investigadores de la Policía que descubrieron la compra de votos para Iván Duque durante la segunda vuelta electoral con dineros manejados por el extinto narcotraficante José Guillermo Hernández Aponte, alias “Ñeñe”. De esta manera –aseguran analistas y denunciantes– se busca anular el valor legal de pruebas de la Policía, que ya obran en poder de la Corte Suprema de Justicia, merced a un denuncio instaurado allí contra Álvaro Uribe Vélez por Daniel Mendoza Leal y Gonzalo Guillén.
El fiscal Barbosa hizo parte de la campaña de Duque, de quien ha reconocido públicamente ser amigo íntimo desde hace más de 20 años y compañero de estudios.
En el derecho de petición a Hernández, del Río y Guillén le exigen informar “a partir de qué denuncia o si se trata de una investigación de oficio, mediante la cual inició una investigación en contra de los funcionarios de la policía judicial de la DIJÍN que adelantaron las labores de investigación y recolección de evidencias en el tan sonado caso de corrupción conocido como ‘Ñeñe política`”.
“En cualquiera de los dos escenarios”, agrega el pedido, “le solicitamos nos extienda copia de la denuncia o compulsa de copias, la que carece por completo de reserva legal y debe ser de público conocimiento. Así mismo, se nos dé a conocer el número único de noticia criminal (NUNC), con el que se distingue la mentada investigación”.
