(Sputnik, Colombia, 12/11/2019)
Las Fuerzas Militares (FFMM) de Colombia negaron haber perseguido y dado muerte a integrantes de un grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), entre ellos menores de edad.
«Posterior a la operación de interdicción aérea no se presentaron persecuciones, combates ni acciones que originaran la muerte de presuntos integrantes del grupo armado organizado residual», indicaron las FFMM en un comunicado.
El pasado 29 de agosto las FFMM bombardearon en zona rural del municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá, sur) un campamento del Grupo Armado Organizado (GAO) Residual Séptimo bajo el mando de José Marín Ramírez, alias ‘Gildardo’ o ‘El Cucho’, quien murió en la operación.
Junto al hombre también fallecieron ocho menores de edad que sólo meses antes fueron reclutados a la fuerza por esa organización, señaló la Fiscalía General.La muerte de los menores se mantuvo en silencio por parte del Ministerio de Defensa y fue revelada sólo hasta el cinco de noviembre por el senador Roy Barreras en medio de una moción de censura en el Congreso de la República contra el ministro de esa cartera, Guillermo Botero, quien renunció a su cargo el 6 de octubre por ese hecho y por otros de violencia que involucran a militares.
Sin embargo, una investigación del noticiero Noticias Uno emitida en la noche del 11 de noviembre indicó que el número de menores muertos ascendería a 18.
Versiones de los pobladores recogidas por Noticias Uno en el lugar del bombardeo dan cuenta de que escucharon gritos de menores que pedían auxilio y que fueron perseguidos por los militares con perros, drones y disparados en zonas vecinas al bombardeo.
Los pobladores también sostienen que en lugar del bombardeo, donde se observa un cráter de diez metros de profundidad por catorce de diámetro, permanece un artefacto que no explotó, por lo que pidieron a las FFMM que lo retiren.
En su comunicado de este 12 de noviembre, las FFMM señalaron que «se tiene plena confianza en las investigaciones que adelantan la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General”, por lo que esperan “que los resultados se den a conocer de manera oportuna a la opinión pública, para evitar que continúen especulando respecto de la actuación de los integrantes de la Fuerza Pública en la operación».Por último, señalaron que tienen certeza que se trató de una operación legítima, legal y en el marco del Derecho Internacional Humanitario.
