Opinión, José Andrés Meza Villalobos
En los últimos años nuestro país ha venido atravesando un proceso de cambio en materia de políticas públicas y modificaciones regulatorias, que inciden tanto a nivel nacional (sobre la gran mayoría de la población costarricense), como también sobre determinados sectores, quienes han alzado su voz contra estas modificaciones a través de las vías de hecho, o lo que llamaremos aquí poderes de facto. En este sentido cabe mencionar que sólo entre los meses de mayo de 2018 y julio del 2019, la población costarricense tuvo que afrontar un total de 871 manifestaciones de estos poderes de facto; 695 más que en el año de 2017, donde se registró suma de 176, según lo contabilizado por el Programa de Estado de la Nación. Si analizamos estas cifras tenemos que para el periodo transcurrido entre los meses de 2018 y 2019 indicados, existió un promedio de 62,2 % de manifestaciones por mes, es decir casi a una tasa de dos manifestaciones diarias. Una cifra que a todas luces resulta alarmante, para un país cuya población no supera los 5 millones de personas. Ya lo advertía el filósofo español José Ortega y Gasset, desde 1929, en su libro “La rebelión de las masas”, cuando sostenía: “Hoy asistimos al triunfo de una hiperdemocracia en que la masa actúa directamente sin ley, por medio de materiales presiones, imponiendo sus aspiraciones y sus gustos”. Es evidente que aun y cuando hayan pasado casi nueve décadas desde que esto fuera señalado por el ensayista español, la vigencia de su enunciado resulta incuestionable. Lo cierto es que Costa Rica, ha tenido que afrontar en los últimos dos años un crecimiento desmedido de las manifestaciones y protestas, que se han convertido en un mecanismo cuasi prescriptivo de oposición a todo aquello que por asomo parezca que pueda afectar los intereses de un determinado sector, aún y cuando esto implique la desatención, y afectación sectores desprotegidos de la población.
Bajo eslóganes del tipo de “debemos defender (¿a ultranza?) nuestros derechos (¿privilegios?)”, de que “no dejaremos que nos silencien”, de que “debemos luchar contra la clase opresora”, así como cualquier otra estratagema o silogismo de índole emotivo/populista, tendiente a exacerbar los ánimos del colectivo, presentan una apología a estos principados autonómicos dentro de un país, donde la igualdad y la equidad es defendida salvo cuando esta implique una afectación a mis intereses. Bajo estos cánones y en defensa de una “libertad plena”, se corre el riesgo de caer en un relativismo ético, que sin una ley moral objetiva (más que la de la defensa de mi propio interés, incluso sobre el de los demás), caigamos en legitimar y defender nuestra propia ley, donde por arte de birlibirloque, convirtamos en correcto aquello que se desea (a cualquier costo). Es decir, como sirve a mis intereses y propósitos es lo correcto y así debe hacerse, una suerte de “wishful thinking” o pensamiento mágico a dualista legitimador del accionar del colectivo.
Una vez establecido esto, valdría la pena cuestionarse algunos de los fenómenos populistas críticos que ha establecido este poder de facto a manera de apología de lo que consideran sus derechos, sin profundizar en el tema de si estos les asisten o no, a efectos de determinar si efectivamente hemos caído en esa hiperdemocracia sobre la que nos advertía Ortega y Gasset, en donde a través de las vías de hecho e incluso en ocasiones a costa de la propia legalidad (en sentido amplio), se busca alcanzar el objetivo de un determinado colectivo.
Tomemos como ejemplo el tema de la huelga en los servicios de salud, un tema álgido y complejo, donde la discusión ha girado en torno al tema de si el servicio que brindan los centros de salud se considera como esencial, de serlo en qué medida lo sería, y por consiguiente la ilegalidad sancionada por la ley, que imposibilitaría a los pertenecientes a dicho régimen a ejercer un derecho a huelga legalmente.
Si bien es cierto, al momento de la publicación del presente artículo ya se le dio primer debate en la Asamblea Legislativa al proyecto de ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos (expediente legislativo 21049), lo cierto es que esto si bien resulta un acercamiento a la “solución” en cuanto a incluir los centros de salud o no como parte de los servicios esenciales de forma expresa, como ya sucedió de forma efectiva desde el pasado 30 de agosto cuando entró a regir el artículo 376 del Código de Trabajo que prohíbe las huelgas en comedores y albergues que atienden a poblaciones en condición de vulnerabilidad, lo cierto es que esto no representa una solución real al tema en disputa, sobre el uso de las vías de hecho como medio de imposición coactiva de la forma de pensar de unos sobre otros. Según la nueva redacción del artículo 376, se consideran servicios públicos, las labores que desempeñan los trabajadores en la nutrición o la salud pública, como por ejemplo el Programa de Alimentación y Nutrición Escolar y del Adolescente (Panea), los albergues del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), los servicios de comidas servidas y de distribución de alimentos para el consumo en el hogar de la población materna infantil que brinda la Dirección Nacional de CEN-CINAI, además de todo comedor o servicio de alimentos, en la atención a poblaciones vulnerables. Ahora bien, según se indicó anteriormente, si bien a raíz de un esfuerzo importante del aparato legislativo de dotar protección a un sector en abierta condición de vulnerabilidad, como el descrito, cuya condición se ve incrementada ante un tema de huelga (por ejemplo en la huelga que se llevó a cabo en el 2018, el 39% de los comedores escolares se mantuvieron cerrados), lo cierto es que en la práctica dicha solución si bien constituye un buen inicio, lamentablemente se ha quedado corta y no ha logrado contribuir a la disminución de este fenómeno, al punto de que el pasado 2 de setiembre, fecha en que inició la huelga intermitente de profesores, en apoyo a esta, 161 comedores estudiantiles no brindaron el servicio de alimentación como medio de presión. Lamentablemente, a través de los años se ha evidenciado como un elemento de presión social fuerte, tendiente a inclinar la balanza a favor de la protesta el efectuar movimientos que incidan contra temas económicos y de sensibilidad social importantes para lograr los resultados propuestos. Por ejemplo, en el tema de los servicios hospitalarios, a raíz de los movimientos de huelga alrededor de 80.000 citas y 2.000 cirugías fueron canceladas. De hecho, el tema de la afectación en los servicios de salud fue de tal magnitud, que llevó a la administración de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), a verse en la necesidad de celebrar un acuerdo con los sindicatos, aun a pesar de que este pudiera presentar vicios de legalidad considerables, en virtud de los alcances de lo acordado. En este sentido, la propia Contraloría General de la República en su oficio DFOE-SOC-0907, del 5 de setiembre de 2019 le ordenó a la Junta Directiva de la CCSS y a su presidente ejecutivo, contrario a lo sostenido en los acuerdos establecidos con los sindicatos, aplicar el Título III de la Ley de Fortalecimientos de las Finanzas Públicas. Nº 9635, en las condiciones, términos y plazos establecidos en dicha norma. Así como también les ordenó, abstenerse de la celebración de un proceso de lesividad, puesto que los acuerdos de febrero y agosto de 2019, celebrados con los sindicatos, no constituyen actos administrativos declaratorios de derechos.
Sin lugar a duda, esta llamada de atención del órgano contralor a la CCSS, no debe pasar desapercibida, y debe servir de fulcro para analizar las dimensiones a las que ha llegado la apología del poder de facto en el aparato administrativo del país, al punto de que se ha vuelto un elemento de tal importancia, que ha llevado al establecimiento de acuerdos entre la Administración Pública y un sector colectivo, incluso en desmedro de la implementación de una ley de la república. Es evidente que nuestro país se encuentra afrontando una coyuntura que debe invitar a la reflexión sobre la forma en cómo estamos haciendo las cosas, a nivel público. Retomando al célebre Sun Tzu, en su aclamada obra “El arte de la guerra”, no hay ningún país que se haya beneficiado por guerras prolongadas, y en el caso costarricense, si bien tiene la dicha de no contar con un ejército, lo cierto es que al haber sido cambiados los espacios de discusión pública, por una filosofía de tomar las calles y la imposición de criterios mediante el uso de la fuerza, es evidente que nos encontramos en un conflicto con elementos propios de una guerra, cuyo mantenimiento en el tiempo implica un desgaste multimodal para el país, que como bien lo señala Sun Tzu, no implican un beneficio para el país como tal. Téngase presente que, según estimaciones de cámaras empresariales e instituciones públicas al 4 de octubre de 2018, después de 24 días de huelga promovida por los sindicatos contra la ley que buscaba establecer una reforma fiscal, se habían presentado pérdidas de treinta y dos mil trescientos cincuenta y cuatro millones de colones (₡32.354.000.000) en los cálculos de los costos se incluyen costos de daños, gastos extraordinarios y dinero dejado de percibir a causa de bloqueos en las vías, cese de labores y otras acciones del movimiento. En el caso de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), esta reportó que solo las afectaciones generadas en el plantel de Moín producto de este movimiento, le costarían cuatro mil seiscientos millones de colones (₡4 600 000 000). Y esto sólo por mencionar datos de la afectación económica producto de unos de los movimientos que han existido en los últimos años, pues resulta por demás dificultoso poder dimensionar la afectación que, a nivel sociológico y psicológico, han sufrido las personas afectadas por los movimientos que han suspendido la operación de los centros de salud, alimentación y albergue del país.
Una vez señalado lo anterior, la invitación a la reflexión está hecha para todos nosotros, ya sea que creamos o no que estamos en presencia de la hiperdemocracia señalada por Ortega y Gasset, o que nos encontremos promulgando una defensa de un determinado poder de facto congruente con mis intereses o no. Lo cierto es que el reto se encuentra en buscar alternativas que propicien no sólo el diálogo efectivo, teniendo claro que toda negociación, salvo en casos excepcionales, implica un costo de oportunidad marcado por la intersección de intereses de las partes involucradas, sino que también buscando el establecimiento de propuestas y soluciones viables, que busquen un beneficio adecuado a las necesidades y retos de la sociedad costarricense, tanto la actual como la del futuro. El país hoy más que nunca, necesita de más estadistas, ubicados en puestos determinantes de decisión, que permitan construir la Costa Rica, que anhelamos y en la que todos merecemos vivir. Sólo mediante un replanteamiento en la forma de hacer las cosas, y la construcción integrada e integradora de políticas públicas, es que podremos hacerle frente al reto que tenemos por delante de transformarnos en una sociedad que no sólo sea crítica sino también propositiva
