(Sputnik, Venezuela, 08/08/2019)
Civiles colombianos y venezolanos son víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros, violencia sexual, reclutamiento de niños y otros abusos por parte de grupos armados que disputan el control del Catatumbo, zona del noreste de Colombia limítrofe con Venezuela, denunció este jueves la ONG Human Rights Watch (HRW).
«Mientras los grupos armados se disputan el vacío que dejaron las FARC en el Catatumbo, cientos de civiles han quedado en el medio de un conflicto brutal», cita el comunicado al director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. «los venezolanos en el Catatumbo están atrapados en una encrucijada entre la guerra en Colombia y la desesperación por salir de la emergencia humanitaria en su país» añadió.
El ejecutivo de HRW añadió que «los venezolanos en el Catatumbo están atrapados en una encrucijada entre la guerra en Colombia y la desesperación por salir de la emergencia humanitaria en su país».
La organización recogió testimonios de más de 80 personas, entre ellas víctimas de la violencia, sus familiares, líderes sociales, representantes del clero, funcionarios y activistas humanitarios y de derechos humanos.
También procesó informes y estadísticas oficiales, materiales de diversas ONG y testimonios prestados por 500 víctimas de abusos por parte de grupos armados, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y una facción que surgió de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
«Es altamente probable que la cantidad total de casos sea incluso mayor a la registrada por las autoridades, debido al temor de las víctimas a sufrir represalias de grupos armados si denuncian los abusos y al temor de las víctimas venezolanas a ser deportadas», señala HRW.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) estima que en la zona fronteriza del Catatumbo viven al menos 25.000 venezolanos. Más de 40.000 personas fueron desplazadas de sus hogares en el Catacumbo desde 2017, la mayoría durante 2018, según estadísticas gubernamentales.
Al menos 109 civiles, según OCHA, fueron asesinados por grupos armados en el Catatumbo en 2018. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estiman que los grupos armados asesinaron desde 2017 a nueve defensores de derechos humanos en la zona.
«El gobierno colombiano debería redoblar sus esfuerzos para protegerlos y asegurarse de que los responsables de estos homicidios rindan cuentas ante la justicia», subrayó Vivanco.
Hasta abril pasado, la Fiscalía tenía más de 770 procesos por homicidios cometidos en el Catatumbo desde 201, con apenas 61 condenas.
Las autoridades colombianas, según HRW, «no han tomado medidas adecuadas para cumplir con sus obligaciones internacionales de proteger a la población civil y asegurar que las víctimas reciban justicia».
Fundada en 1978 y con sede en Nueva York, la ONG Human Rights Watch vigila la observancia de los derechos humanos en más de 70 países.
En su sitio web, la organización sostiene que no acepta fondos del gobierno de forma directa o indirecta, o apoyo de ningún donante privado que pudiera comprometer su objetividad e independencia.
Uno de sus mayores donantes, sin embargo, es el magnate financiero George Soros, patrocinador de varias fundaciones que aportaron dinero para las llamadas revoluciones de colores en diversos países.
En 2010, Soros anunció una donación de 100 millones de dólares en el transcurso de 10 años para Human Rights Watch. (Sputnik)
