En esta columna de Alternativas, quiero proponer que hacer vinculantes las opiniones consultivas de la CIDH es perjudicial para la defensa interamericana de los derechos humanos. Lo hago para ampliar mi justificación a no suscribir un documento que don Luis Salazar, comisionado presidencial LGBTI, me presentó hace algunas semanas incluyendo la siguiente declaración: “Reafirmamos el carácter vinculante de las opiniones consultivas emitidas por la Corte IDH”.
En otra columna, he defendido la tesis de que legalmente las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no son vinculantes.
La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto de San José, establece con claridad sus fundamentos y finalidades. El Preámbulo reafirma “el propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre”. El artículo primero establece que “los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional”. Así que, sin duda, se trata de defender los derechos fundamentales del hombre que nacen de su dignidad y que la Convención enumera, claro que no en forma exhaustiva.
La violación de esos derechos humanos surge principalmente por acciones de los estados, y de ahí la urgencia de su protección internacional. Pero está claro que, en el ejercicio de su defensa frente a los estados que los violan, se causan roces con esos estados de cuyo sometimiento al sistema interamericano de los derechos humanos depende la eficacia de la propia CIDH
Durante mi presidencia me tocó vivir el debilitamiento de la CIDH dado cuando, en 1999, el Gobierno del presidente Alberto Fujimori -ante condenas a su gobierno por violaciones de derechos humanos- decide retirarse de ella.
Mi Gobierno fue el único que protestó ante tal decisión del Gobierno de Perú de aquel entonces, y además dimos inicio a una tarea diplomática para fortalecer el apoyo político y financiero de la OEA a la CIDH.
En setiembre de 2013, el presidente Nicolás Maduro de Venezuela anunció la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el retiro de su país del sistema interamericano de derechos humanos. Actuaba luego de que, ya en 2010, el presidente Hugo Chávez señalara que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por sus declaraciones en defensa de la democracia y la libertad en ese país era “un cuerpo politizado, utilizado por el imperio para agredir a Gobiernos como el venezolano”.
En diciembre de 2015, el presidente Rafael Correa de Ecuador se pronunció contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y propuso la creación de un sistema latinoamericano de derechos humanos. Ecuador es uno de los países que había enfrentado mayor cantidad de litigios en la CIDH.
En estos tres casos se trata de las reacciones de gobiernos con rasgos autocráticos ante las resoluciones litigiosas por violaciones de derechos humanos claramente establecidos en el Pacto de San José. Protestaron y trataron de debilitar el sistema interamericano de derechos humanos respecto casos de defensa de libertades públicas, de integridad física, de manifestación y participación, de información y prensa, de propiedad y contratación cuya protección por el sistema de derechos humanos de las Américas es incuestionable. El sistema resistió esas embestidas en su contra. Pero, ¿qué habría pasado si el sistema hubiese estado debilitado porque los estados consideraran que la CIDH con sus opiniones consultivas estuviese abrogándose facultades legislativas o de aprobación de convenios?
Si la CIDH se dedica a emitir opiniones consultivas vinculantes que más que interpretar “crean nuevos derechos” no reconocidos convencionalmente, se fortalecerían las posiciones de los gobiernos que por sus violaciones a los derechos humanos fundamentales, y ampliamente admitidos, están en contra del sistema interamericano de derechos humanos.
En defensa de los derechos humanos de los habitantes de nuestro hemisferio, sería muy inconveniente otorgar carácter vinculante a las opiniones consultivas de la CIDH, y esa institución debe autolimitarse para no ejercer tareas legislativas que invadan las competencias de los estados que la integran.
Miguel Ángel Rodriguez