Jueces de Colombia y México señalan coordinación entre poderes del Estado como receta para disminuir la violencia, esto a partir su experiencia en la fuerte y desgarradora historia reciente que sacudió a ambas naciones.
Los jueces, reunidos en la Asamblea de la Federación Latinoamericana de Magistrados que se realiza en nuestro país vivieron escenarios de violencia constante, lucha entre bandas y crimen organizado relacionado con el narcotráfico y el lavado de dinero tal cual está sucediendo actualmente en nuestro país.
¿Cuál ha sido la clave para luchar contra esa amenaza? Según tres jueces activos de ambas naciones, la clave para un combate efectivo es la coordinación entre las autoridades de los tres poderes de la República.
Rafael Guerra, presidente del Poder Judicial de México y las juezas penales de Bogotá, Colombia, Laura Duarte y Adriana Rojas, coincidieron este jueves en señalas la salida con que sus países ha abordado dicho problema social.
Ellos son parte de los 80 juzgadores que participan en Costa Rica en la Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), entidad que aglutina a las asociaciones jueces y juezas de toda la Región.
En esta ocasión la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) es la anfitriona de la actividad.
“Se ha implementado un trabajo conjunto entre Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Con un pleno respeto a la independencia de las funciones, nos reunimos a veces hasta tres veces por semana. Tenemos un gabinete en conjunto donde vemos todas las acciones que se realizan para prevenir y atacar ese clima de violencia que se venia incrementando. Nos ha servido muchísimo porque ha habido una notable reduccion”, señaló el juez mexicano Rafael Guerra.
Además, explicó que los participantes de la coordinación se brindan apoyo mutuo y asesoría del sector judicial a los equipos policiales sobre la manera en que deben de realizar los procedimientos, de actuación, entre otros aspectos, “y eso ha permitido efectuar investigaciones con mayor eficacia jurídica”, manifestó.
En Colombia se aplica desde el 2016 una estrategia similar a la mexicana.
Así lo detalla la jueza penal de Bogotá, Laura Duarte, para quien la participación de autoridades de los tres poderes de su país, en coordinación, pero respetando la independencia de cada uno, ha sido una de las herramientas más valiosas para ir generando un cambio en el clima de inseguridad y tensión que caracterizaba a su país luego del proceso de paz logrado entre Gobierno y la guerrilla.
“El propósito fue que cada uno de los poderes cumpliera con su papel tras la firma de los acuerdos de paz. Esa actividad generó confianza entre la ciudadanía y avanzando hacia la creación de una justicia social”, señaló Duarte.
Su compañera en la judicatura colombiana, Adriana Rojas detalló que además se lograron acuerdos para definir herramientas importantes en el ámbito judicial, tales como una ley de extinción de dominio que le ha permitido a Colombia atacar a las bandas de crimen organizado, narcotráfico y lavado de activos en su parte más sensible, como lo son las finanzas.
Rojas explicó que la política de extinción de domingo en Colombia es una acción determinada constitucionalmente y la puesta en práctica ha sido exitosa.
“Es el mayor golpe, es la forma de atacar a las estructuras delictivas por donde más les duele”, sentenció la jueza colombiana Adriana Rojas.
Esteban Mata
