Managua, 18 Agosto (EFE) La huida de Nicaragua de un activista de derechos humanos, tras la del popular cantautor Carlos Mejía Godoy, por amenazas atribuidas a grupos progubernamentales, disparó hoy las alarmas entre organismos humanitarios, la ONU y la OEA.
Esto sucede en el marco de la crisis que estalló en abril pasado en el país centroamericano, que ha causado ya centenares de muertos.
Representantes del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) discutieron este lunes la situación en el país después de conocer el exilio del activista Álvaro Leiva por amenazas contra su vida.
El Meseni y la Acnudh se reunieron con miembros del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y otras organizaciones «para intercambiar aspectos sobre la situación de Nicaragua», informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El exilio de Leiva, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), ha causado asombro, ya que se trata de uno de los activistas más destacados en la crisis y cuyas negociaciones salvaron vidas y permitieron la libertad de cientos de reos políticos desde el estallido social del 18 de abril.
La ANPDH indicó el domingo en un comunicado, en el que anunciaba el cierre de sus oficinas en Managua, que Leiva fue víctima del «asedio de grupos armados no autorizados y llamadas telefónicas de amenazas a nuestras oficinas de denuncias de violaciones a los derechos humanos».
El activista salió de Nicaragua hacia Costa Rica horas después de que lo hiciera el cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy, autor del himno del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), por las mismas razones.
«Es una mala noticia, en el sentido que representa una persecución para los defensores de derechos humanos», comentó el director ejecutivo del Cenidh, Gonzalo Carrión.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, lamentó el cierre de las oficinas de la ANPDH en Managua y la huida de uno de sus activistas hacia Costa Rica.
«Expresamos nuestra extrema preocupación por cierre de ANPDH en Nicaragua y el autoexilio de sus dirigentes, que tenían medidas cautelares de la CIDH. El Estado debe proteger los derechos de sus ciudadanos, especialmente de los defensores de Derechos Humanos», señaló Almagro a través de Twitter.
Durante la jornada de hoy, la destitución de maestros estatales que apoyan las manifestaciones contra el Gobierno causó un acto de «desobediencia estudiantil» en la ciudad de Condega, en el norte de Nicaragua.
Decenas de alumnos del Instituto Marista de Condega se negaron a ingresar en las aulas como repudio a la decisión de Ministerio de Educación de despedir a varios de sus profesores «por tener criterio propio y no apoyar a los asesinos», denunció el Movimiento Estudiantil 19 de Abril-Condega.
Profesores de educación primaria y secundaria, así como de universidades estatales, han denunciado destituciones por parte del Estado desde la semana pasada por apoyar las protestas contra el Gobierno, una situación que también viven los médicos y trabajadores de la salud de los hospitales públicos.
No obstante, la vicepresidenta y primera dama nicaragüense, Rosario Murillo, afirmó que su país está recuperando la normalidad, la paz y la seguridad.
Por su parte, el presidente Ortega anunció que Nicaragua dará la batalla en la OEA, que aprobó el jueves pasado la creación de «un grupo de trabajo» con el fin de apoyar el diálogo nacional y contribuir a la «búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles» para superar la crisis nicaragüense.
El gobernante dijo que «hay una tendencia de emigrar» porque la crisis no solamente ha dejado muertos, sino que también ha dañado la economía del país.
Las protestas contra Ortega, a quien sus críticos acusan de abuso y corrupción, comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en reclamaciones para que renuncie a la presidencia, que ocupa de forma ininterrumpida desde hace once años.
