LONDRES – Las ejecuciones en el mundo alcanzaron la cifra más alta desde 2015, con 1518 personas ejecutadas en 15 países en 2024, expuso la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) al publicar este martes 8 su informe anual sobre el uso global de la pena de muerte.
“Arabia Saudí, Iraq e Irán fueron responsables del fuerte incremento de las muertes el año pasado, al llevar a cabo 91 % de las ejecuciones conocidas, violando derechos humanos y segando cruelmente vidas por cargos relacionados con drogas o terrorismo”, afirmó Agnès Callamard, secretaria general de AI.
Según el informe “Condenas a muerte y ejecuciones 2024” de AI, la cifra correspondiente al año pasado es la más alta desde 2015, cuando hubo al menos 1634 ejecuciones, la mayoría en Medio Oriente.
Sin embargo, por segundo año consecutivo, el número de países que llevaron a cabo ejecuciones fue el más bajo del que se tiene constancia.
Las cifras totales conocidas “no incluyen los miles de personas que se cree han sido ejecutadas en China, que sigue siendo el país que más ejecuciones lleva a cabo en el mundo, ni las de Corea del Norte y Vietnam, donde también se cree que se hace un amplio uso de la pena de muerte.
Las crisis en curso en el Estado de Palestina y Siria impidieron que Amnistía Internacional confirmara sus cifras.
Arabia Saudí, Iraq e Irán fueron responsables del aumento general de las ejecuciones conocidas, pues sumaron la impactante cifra de 1.380 ejecuciones registradas.
Iraq casi cuadruplicó sus ejecuciones (de al menos 16 a 63 o más) y Arabia Saudí duplicó su total anual (de 172 a al menos 345), mientras que Irán ejecutó a 119 personas más que el año anterior (de al menos 853 a 972), cifra que representa el 64% del total de ejecuciones conocidas.
Callamard expuso que “la pena de muerte es un crimen abominable que no tiene cabida en el mundo actual. Aunque el secretismo seguía rodeando el escrutinio en algunos países que consideramos responsables de miles de ejecuciones, es evidente que los Estados que mantienen la pena de muerte son una minoría aislada”.
“En 2024, solo 15 países llevaron a cabo ejecuciones, la cifra más baja registrada hasta la fecha por segundo año consecutivo, dato que indica la tendencia a dejar atrás esta pena cruel, inhumana y degradante”, añadió.
AI sostiene que dirigentes han utilizado la pena de muerte como arma, “con el falso pretexto de mejorar la seguridad pública o para infundir miedo entre la población”.
En Estados Unidos, que ha experimentado una constante tendencia al alza de las ejecuciones desde el final de la pandemia covid-19, se ejecutó a 25 personas, frente a 24 en 2023.
El presidente Donald Trump “invocó repetidamente la pena de muerte como instrumento para proteger a la población de violadores violentos, asesinos y monstruos”, recoge el informe.
“Su deshumanizadora declaración promovía el falso discurso según el cual la pena de muerte tiene un efecto disuasorio especial contra la delincuencia”, agregó el texto.
En algunos países de la región de Oriente Medio, las condenas a muerte se usaron para silenciar a defensores y defensoras de los derechos humanos, disidentes, manifestantes, oponentes políticos y minorías étnicas, indica el documento.
“Quienes se atreven a cuestionar a las autoridades se exponen al más cruel de los castigos, especialmente en Irán y Arabia Saudí, donde la pena de muerte se usa para silenciar a quienes son lo bastante valientes para alzar la voz”, dijo Callamard.
En 2024, Irán persistió en su uso de la pena de muerte para castigar a personas que habían desafiado, o se consideraba que habían desafiado, al poder establecido de la República Islámica durante el levantamiento “Mujer, Vida y Libertad”.
Dos de esas personas -una de ellas un joven con discapacidad mental- fueron ejecutadas después de juicios “sin garantías y de “confesiones” empañadas por la tortura, lo que demostró hasta qué punto están dispuestas a llegar las autoridades para afianzar su control del poder”, dice el informe.
Las autoridades saudíes “siguieron utilizando la pena de muerte como arma para acallar la disidencia política y castigar a la ciudadanía de la minoría chií del país que apoyó las protestas “antigubernamentales” entre 2011 y 2013”.
En agosto, las autoridades ejecutaron a Abdulmajeed al Nimr por delitos de terrorismo relacionados con su adhesión a Al Qaeda, pese a que los documentos judiciales iniciales hacían referencia a su participación en protestas.
La República Democrática del Congo anunció su intención de reanudar las ejecuciones, y las autoridades militares de Burkina Faso anunciaron planes para restablecer la pena de muerte para delitos comunes.
Más de 40 % de las ejecuciones de 2024 se llevaron a cabo de forma ilícita por delitos relacionados con drogas.
AI recordó que, según el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, el uso de la pena de muerte ha de estar restringido a “los más graves delitos”, e imponer condenas a muerte por delitos de drogas no cumple este requisito.
“Las ejecuciones relacionadas con drogas abundaron en Arabia Saudí, China, Irán, Singapur y, aunque no fue posible confirmar el dato, probablemente en Vietnam”, indicó Callamard, e insistió en que “los dirigentes que promueven la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas proponen soluciones ineficaces e ilícitas”.
En su opinión, se debe exhortar y animar a los Estados que estudian la posibilidad de introducir la pena capital para delitos relacionados con drogas, como Maldivas, Nigeria y Tonga, a que los derechos humanos ocupen un lugar central en sus políticas en materia de drogas”
En 2024 entró en vigor en Zimbabue una ley que abolió la pena de muerte para delitos comunes. En la actualidad, 113 países son totalmente abolicionistas y 145 han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica.
Por primera vez, más de dos tercios de los Estados miembros de las Naciones Unidas votaron a favor de la décima resolución de la Asamblea General de la ONU sobre una moratoria del uso de la pena de muerte.
Fuente. AI y IPS
