Este día entró en vigor la llamada «ley rider» en la cual se pretende que las empresas dedicadas a la contratación de repartidores de comida realicen un contrato de empleo con salario a sus socios repartidores.
La nueva normativa, que pretende ampliar los derechos de los empleados y acabar con el uso de falsos autónomos, ha sido rechazada por varios partidos de la oposición así como por parte de los propios repartidores.
El portavoz de ‘Riders por derechos’ Fernando García Pallas, es una de las cabezas visibles de la lucha por mejorar los derechos de los repartidores a domicilio. Confirmó en declaraciones al noticiero RT que desde el inicio estos trabajadores han sido falsos autónomos y, aunque la nueva ley no lo permitirá, su texto tiene muchos agujeros en beneficio de las compañías operadoras de plataformas digitales.
«La ‘ley rider’ supone una posibilidad de empezar a tener ciertos derechos que no teníamos hasta ahora: vacaciones pagadas, seguridad social a cuenta de la empresa, indemnización por despido, negociación colectiva, salario fijo», admite García Pallas, pero esto solo «es un principio de una posibilidad, porque las empresas siguen instaladas en la trampa».
Cientos de repartidores se manifestaron meses atrás en diferentes ciudades de España contra el entonces proyecto, porque creían —y siguen creyendo— que la norma traerá más precariedad, más externalizaciones, más perdida de flexibilidad y más destrucción de empleos en el sector. Muchos prefieren seguir siendo autónomos, pero reforzando sus derechos.
La empresa Glovo ha dicho que solo contratará a una pequeña parte de su flota, mientras que Uber Eats subcontratará a sus autónomos a través de empresas de trabajo temporal y Deliveroo anunció hace unas semanas que su salida del mercado español.
Las opiniones son diversas no solamente por parte de los sectores políticos sino también de los propios repartidores (riders) y las asociaciones privadas de trabajadores.
Fuente: RT noticias
