LIMA – El Acuerdo de Escazú marcó un hito en América Latina, al ser el primero que protege a las personas que defienden el medio ambiente y los derechos humanos. Fue aprobado en 2018 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y entró en vigencia hace dos años.
Sin embargo, su implementación, así como la participación activa de los países y la ciudadanía en sus procesos, es todavía un trabajo en curso.
El Acuerdo de Escazú está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe, de los cuales 25 lo han firmado, pero sólo 15 lo han ratificado desde entonces.
Incluso después de la ratificación, nada garantiza aún su cumplimiento. Por ejemplo, una concesión minera otorgada recientemente en Panamá, uno de los primeros signatarios del acuerdo y que lo ratificó en marzo de 2020, habría ignorado las directrices de consulta pública establecidas en sus términos, sin informar a los ciudadanos antes de la aprobación del proyecto.
En medio de este tipo de situaciones que generan incertidumbre en la población, se va a realizar la segunda reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, en Buenos Aires, Argentina, entre el 19 y 21 de abril. Esta reunión ha generado expectativa, pero ¿qué tiene que suceder para que el Acuerdo sea efectivo?
Avances lentos
Desde abril de 2021, fecha de entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú, se busca garantizar la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública y acceso a la justicia, en todos los países. Sin embargo, desde entonces, solo tres han ratificado el pacto: Chile, Belice y Granada.
También se está avanzando con el planteamiento de hojas de ruta para los planes de implementación nacional en Chile, Argentina, Uruguay, México, Ecuador y Santa Lucía.
En este contexto, Carlos de Miguel, Jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible y miembro de la Secretaría del Acuerdo de Escazú, señaló a Diálogo Chino que se han realizado diversos avances, entre los que resalta dos: la reelección de seis nuevos representantes del público y la próxima elección del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento.
Escazú es el único acuerdo internacional ambiental en el que se cuenta con la participación directa de los representantes electos del público. El grupo, elegido mediante una votación en línea abierta organizada por la Cepal, es pieza clave al tener una relación directa con la mesa directiva y la secretaría del Acuerdo.
“El objetivo es ver cómo garantizar la participación del público y que esta sea diversa en términos regionales y geográficos. Aunque todavía se necesita claridad para ver cómo llevar a cabo eso», dice Mijael Kaufman Falchuk, abogado ambiental argentino y representante electo del público a Diálogo Chino.
Por su parte, el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento integra a expertos y expertas en la región para asesorar a la COP y trabajar con los Estados para la aplicación del Acuerdo. En este último año quedaron seleccionados 10 candidatos: cinco hombres y cinco mujeres de 10 nacionalidades: tres de Centroamérica y México, tres del Caribe y cuatro de Sudamérica. En el encuentro de Buenos Aires se dará la elección definitiva de los siete miembros.
El riesgo continúa
Según el último reporte de la ONG Global Witness, más de tres cuartas partes de los ataques registrados en 2021 a defensores ambientales tuvieron lugar en América Latina. Confirmando así, que sigue siendo la región más peligrosa del planeta para este tipo de activistas.
Graciela Martínez, encargada de campañas para personas defensoras de derechos humanos en las Américas de Amnistía Internacional, señala que urge mayor voluntad política por parte de algunos países en la región para priorizar la protección de las personas defensoras.
“Las personas defensoras de derechos humanos tienen un rol fundamental en la protección de nuestra biodiversidad, tienen un papel clave para que haya una rendición de cuentas por parte de los Estados, por ello es importante reconocerlos y darles espacio para que compartan sus preocupaciones”, dice Martínez.
Por su parte, Fanny Kuiru, líder indígena del pueblo uitoto de la Amazonía colombiana y miembro de la Coordinadora de la Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), señala que hay un conocimiento de las graves problemáticas en cada país y por ello deben fortalecerse las organizaciones ubicadas en áreas en riesgo y los mecanismos para proteger a los defensores, así como promover la participación de las mujeres.
“Las amenazas a quienes defienden el territorio continúan, y solo lo lamentamos cuando los asesinan”, dice Kuiru a Diálogo Chino.
La lideresa amazónica resalta que es “apresurado hacer una lectura de los impactos del Acuerdo de Escazú en la protección de los defensores ambientales porque no todos los países lo han adoptado y los que sí lo han hecho están en un proceso de discusión de medidas a aplicar”.
Sin embargo, como ella resalta, un gran primer paso a nivel regional fue el Primer Foro Anual sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe que se llevó a cabo el noviembre pasado en Quito. Se planteó la elaboración de un Plan de Acción regional que se está construyendo, y que permitiría avanzar en las propias implementaciones nacionales.
Rechazos desinformados
Expertos consultados coinciden en señalar que las preocupaciones y rechazos al Acuerdo están vinculados principalmente a la desinformación, relacionada con su potencial impacto sobre los intereses comerciales y la supuesta pérdida de soberanía estatal en virtud de dicho tratado internacional.
En países como Colombia y Perú surgieron activistas y políticos contra el Acuerdo con opiniones similares a las del congresista peruano Ernesto Bustamante quien dijo: “El tema de la ratificación del engendro llamado Acuerdo de Escazú nos debería hacer reflexionar sobre la vulneración de nuestra soberanía en otras instancias”.
Desde la Secretaría de Escazú, Carlos de Miguel insiste en que “esos temas no tienen nada que ver. Deberían informarse del contenido del Acuerdo y ver sus alcances. El sujeto obligado es el Estado, los otros actores como los ciudadanos, las empresas, los sindicatos, la academia son sujetos beneficiados. La convención de Aarhus en Europa lleva más de 20 años, nunca ha habido ninguna discusión similar”.
La convención de Aarhus, firmada en 1998, aborda el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en temas ambientales en países europeos. Para De Miguel, es un referente de lo que podría lograrse en la región.
Países al margen
Costa Rica es considerada desde hace tiempo un líder medioambiental en América Latina, y fue anfitrión de las negociaciones iniciales, en la localidad de Escazú, que dieron nombre al acuerdo.
Pero en febrero, archivó el debate en el Congreso sobre la ratificación del acuerdo al no obtener los votos necesarios para prorrogar el proceso. Rodrigo Chaves, presidente de dicho país, es uno de los principales opositores al Acuerdo.
“Costa Rica no ha ratificado el Acuerdo y no parece que lo vaya a priorizar. Honduras es uno de los países que registra un alto número de asesinatos de defensores en la región y aún no se ha adherido al acuerdo”, dice Martínez.
En la misma línea que Costa Rica, el Acuerdo fue firmado por Brasil durante el gobierno de Michel Temer en 2018. Sin embargo, su sucesor Jair Bolsonaro, desmanteló las normas e instituciones de protección ambiental establecidas en las últimas décadas. Recientemente más de 140 organizaciones en dicho país enviaron una solicitud al ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Lula para solicitar la ratificación.
En el caso de Perú, el expediente del Acuerdo no llegó siquiera a su discusión en el pleno del Congreso, a pesar de que el país fue firmante en 2018. La propuesta fue archivada en dos periodos parlamentarios por la Comisión de Relaciones Exteriores al considerarla innecesaria, y la polarización en torno al tema se mantiene.
En Colombia, país que lidera el ranking de defensores ambientales asesinados, la situación dio un giro cuando el actual gobierno de Gustavo Petro ratificó el Acuerdo en octubre de 2022. Ahora se espera el pronunciamiento confirmatorio de revisión del tratado por parte de la Corte Constitucional de dicho país.
Para Laura Santacoloma, coordinadora de Justicia Ambiental de la organización no gubernamental Dejusticia, “Escazú llega en un momento de alta conflictividad en Colombia y ayuda porque visibiliza el problema. Es una oportunidad para fortalecer lo que existe, pero sin una política de paz consolidada puede ser difícil”.
Santacoloma también resalta la importancia de la promoción del acceso a la información por parte de Escazú: “Estamos en un momento en el que empieza a gestarse una mejora en el acceso a la información ambiental, ya que se necesita información clara y oportuna para promover la participación de la gente”.
Los expertos consultados señalan que Escazú marca un avance a nivel de coordinación regional, pero se necesita de su ratificación y que los Estados mejoren e implementen políticas ambientales en sus propios territorios.
Fuentes. IPS
