(Observatorio Judicial, San José, 28/07/2019)
En uno de los diversos casos que tramita la Defensa Pública con personas indígenas, una mujer indígena recibió una sentencia condenatoria de 18 años de prisión, por homicidio y abuso en la patria potestad.
La Defensa Pública planteó un procedimiento de revisión, en el que solicitó nuevamente, que se analizara tanto la situación de vulnerabilidad en que se encontraba esta usuaria indígena, así como las circunstancias de violencia doméstica que pudieron mediar en el caso.
| Este es un ejemplo del trabajo que realiza la institución en procura de visualizar las necesidades y requerimientos de las poblaciones indígenas del país y así, garantizar un acceso efectivo a la justicia, lo cual marca el quehacer de la labor de la Defensa Pública.Con la reciente aprobación de la Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, el ámbito de competencias de esta institución se ha ampliado a todas las materias en que intervengan personas indígenas carentes de recursos económicos, por lo que requieren el servicio de asistencia legal gratuita.
“La norma establece que los órganos jurisdiccionales proveerán de una persona defensora pública a las personas indígenas que no cuenten con recursos económicos para tener su defensa particular en todas las materias. Lo anterior representa un reto para la Defensa, al ampliarse competencias que ya teníamos y asumir materias nuevas que nunca habían sido tramitadas, con los recursos existentes”,puntualizó Diana Montero Montero, Jefa de la Defensa Pública. |
No obstante, el trabajo con las poblaciones indígenas ha sido permanente, con iniciativas que han generado cambios importantes, como la atención en materias de pensiones alimentarias de poblaciones en Bribri, Cabecar o Ngäbe.
Cambios de visión en procesos judiciales
La Defensa Pública ha emprendido acciones tendientes a incorporar la visión intercultural en los procesos judiciales que tramita.
Es así como tomó la iniciativa de incorporar las pericias culturales, que registran ya unos 30 peritajes en procesos penales, así como en procesos agrarios.
“Estas pruebas nos brindan un acercamiento a su realidad cultural, social, económica, familiar y personal. Con cambios pequeños, generamos teorías del caso con perspectiva cultural y de género”, explicó Ligia Jiménez, Supervisora en materia indígena de la Defensa Pública.
Los cambios son evidentes, como el caso judicial que se dio en una localidad indígena, en la que figuraron como imputados dos jóvenes indígenas, por la caza de una osa perezosa. La Defensa Pública solicitó un informe de trabajo social y un perítaje antropológico, con el fin de que brindaran un análisis, desde la óptica de la comunidad particular y el significado de la práctica de la cacería en esas zonas.
| “Evidenciamos que hay zonas donde la pobreza es alta y estos animales se cazan para atender la demanda alimentaria de una familia ampliada de 20 personas. Ello dio paso a un sobreseimiento definitivo de la causa, que el Tribunal confirmó. Esto permite una mirada diversa frente a nuevos casos, en los que se puede valorar otro tipo de circunstancias”, explicó Jiménez.Situación similar se da en algunos procesos penales en los que se ven involucradas mujeres indígenas. En un caso de transporte y venta de drogas, en que una mujer indígena se encontraba acusada junto a su pareja, se visualizaron las condiciones particulares de la usuaria: “Tratamos de evidenciar un tema de perspectiva cultural y de género. El significado del transporte de droga donde se involucran mujeres indígenas y el hecho de que en algunos caso sus parejas las involucren en este tipo de actividades. En este caso la mujer fue absuelta”, detalló Ligia Jiménez. |
Desde este órgano auxiliar de justicia también se hacen y promueven diligencias in situ para evitar el traslado de las personas indígenas. Ello ocurre, por ejemplo, en materias agraria, alimentaria y penal, y se promueve en otras áreas como la contenciosa administrativa y familia. Lo anterior, pues según explico la Supervisora Jiménez Zamora “la atención de una persona usuaria indígena es distinta a las demás, pues se inicia con diligencias para contar con una persona intérprete que garantice una comunicación efectiva. La sensibilidad de todos los órganos judiciales que intervienen en un proceso es vital, pues son personas que deben recorrer largas distancias y el tiempo que tardan en ello es mucho”.
El hecho de que los operadores jurídicos muestren empatía y comprensión hacía las personas usuarias indígenas es fundamental para garantizar el acceso a la justicia de estos pueblos. “Se ha impulsado desde la Jefatura de la Defensa Pública la sensibilidad en el acceso a la justicia de las personas indígenas en conflicto con la ley, con el fin de que se les procure, en todo proceso, un intérprete, si así lo requieren”, explicó Ligia Jiménez.
“La Defensa Pública ha dado prioridad a la atención adecuada de los casos que actualmente se tramitan, así como a la presentación de los procedimientos de revisión de sentencias de personas indígenas”, detalló Ligia Jiménez.
Acciones
Actualmente la Defensa Pública cuenta con una única plaza de supervisión en materia indígena y el servicio legal gratuito se brinda en todas sus oficinas.
A lo interno lo que se ha emprendido es una reorganización de las plazas existentes para cubrir las zonas donde las personas indígenas tienen mayor demanda del servicio, como lo son Bribrí, Grano de Oro en Turrialba y Salitre en la Zona Sur.
| Desde la Jefatura de la Defensa Pública se analizan los requerimientos en recurso humano, pues en procesos judiciales en los que la parte actora y la parte demandada son indígenas, ambas personas tienen derecho a ser asistidos por la Defensa Pública.En el caso de la atención de los procesos contencioso administrativos, se asignó la atención de esta materia, por recargo, a las personas defensoras agrarias, quienes son los que cuentan con el perfil más cercano a la materia.
“Tenemos la responsabilidad de cumplir con el servicio, pero somos conscientes de que los recursos son limitados y esperamos que desde la Asamblea Legislativa se analicen varias propuestas de ley para dotar de recursos el servicio a favor de las poblaciones indígenas”,puntualizó Diana Montero. |
De acuerdo con el Subjefe de la Defensa Pública, Erick Núñez Rodríguez, la labor también comprende acciones positivas de acercamiento con grupos indígenas en sus comunidades, “…para explicarles sobre las normas legales que los protegen. Esto nos permite acercarnos a posibles personas usuarias donde respondemos consultas y hacemos contactos para encausar los temas jurídicos”, explicó. Eso ocurre especialmente en materia agraria.
Sensibilidad y Acceso a la justicia
Según explicó Ligia Jiménez, Supervisora de la Defensa Pública en materia indígena, a nivel nacional, al 31 de mayo de 2019 se contabilizan 1628 personas usuarias indígenas activas. El mayor número de casos se tramitan en Buenos Aires con 544 asuntos, en Bribrí se tramitan un total de 509 procesos y en Turrialba alcanzan los 107 casos.
Datos brindados por la Dirección de Planificación del Poder Judicial, muestran que las personas usuarias indígenas utilizan los servicios de asistencia legal gratuita mayoritariamente en materia penal.
Es así como de los 1595 asuntos activos a diciembre de 2018, el 60% corresponde a materia penal; el 24% corresponden a procesos de pensiones alimentarias; un 12% tienen que ver con procesos agrarios y un 4% materia laboral.
Desde el presupuesto del Poder Judicial destinado para el rubro de ayudas económicas a personas usuarias, se gestionan ayudas para indígenas. En este tema, la iniciativa de la Jefatura de la Defensa permitió que se autorizara el pago de taxis en casos excepcionales de poblaciones en situación de vulnerabilidad. De igual forma, se han aprobado ayudas económicas en casos que aún no cuentan con número de expediente asignado por estar en preparación los procesos (por ejemplo, durante el proceso de elaboración de demandas en materias agraria, contenciosa, penal, alimentaria y familia). También se han buscado mecanismos para accesar a estos recursos, aun en fines de semana cuando así se requiera. Para todo ello se ha contado con el apoyo de la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial, así como del Consejo Superior.
| El año pasado, la Defensa Pública, en coordinación con la Defensoría de los Habitantes y la Dirección de Adaptación Social, realizaron una gira para verificar el cumplimiento de la circular 5-2016 del Instituto Nacional de Criminología, la cual señala que se debe brindar un abordaje diferenciado a las personas indígenas privadas de libertad, tomando en cuenta su perspectiva cultural.La Jefatura de la Defensa Pública también trabaja en dos protocolos. Uno a lo interno de la institución para brindar un servicio uniforme en todas las oficinas del país y garantizar a la población indígena un servicio de calidad.
“También impulsamos la iniciativa de construir un protocolo para la atención de los procesos indígenas con el Programa de Justicia Restaurativa, cuyos conceptos de resolución de conflictos son muy cercanos a la prácticas y cosmovisión de los pueblos indígenas”, detalló Diana Montero Montero, Jefa de la Defensa Pública. |
Finalmente, se ha coordinado con la Escuela Judicial para impartir capacitación en Derecho Indígena, en cumplimiento de lo que señala la nueva legislación respecto a la obligación de contar con personal especializado dentro de la Defensa Pública.
La Defensa Pública considera que la atención a pueblos indígenas es fundamental para garantizar el acceso a la justicia mediante un servicio asesoría legal gratuita de alta calidad que garantice una igualdad sustantiva para estas personas, y permita hacer realidad los principios y valores democráticos de nuestra República.
