Con optimismo y gratitud recibimos muchos la noticia de que se había aprobado la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Fue posible, pensamos, enfrentar un problema que se había venido dejando sin solución y cada año acumulaba perjuicios potenciales mayores.
Muchos de mis amigos reclamaban que los efectos negativos sobre la producción de los nuevos impuestos serían muy perjudiciales y que el ajuste era insuficiente, Yo no lo creí así.
Respecto al efecto negativo del incremento en los impuestos, por supuesto que lo reconocía. Pero, ante el negro panorama que planteaba un déficit fiscal y una deuda pública que crecían vertiginosamente, juzgué que al haberse finalmente podido actuar en ese campo, las expectativas de consumidores y de empresarios serían positivas. Evitado el peligro de caer en una crisis financiera con sus inmensos costos económicos y sociales, creí que los agentes económicos aumentarían su inversión y su disposición al consumo. Este cambio en las expectativas supuse que incrementaría el crecimiento del PIB durante el primer semestre de 2019, lo cual compensaría el efecto negativo sobre la demanda que causarían los impuestos que empezarían a regir a mitad de este año.
Ante la crítica por la insuficiencia del ajuste por no incluir una reducción frontal del gasto corriente del gobierno, consideré que las disposiciones limitando incentivos y aumento del empleo público, la eliminación de destinos específicos, así como la regla fiscal, obligarían a una disminución del gasto en comparación con el PIB, lo que llevaría a una gradual solución del déficit primario y a la estabilización de la deuda pública. Y posiblemente un ajuste tal como el aprobado era lo mejor que se podría hacer, dadas las condiciones políticas de un gobierno con una muy pequeña fracción parlamentaria, de una gran cantidad de partidos todos minoritarios en la Asamblea Legislativa, y de una fuerte fragmentación al interior de esos partidos. Además, el ajuste llegaría a ser suficiente en unos años. El BCCR en su respuesta a la consulta de la Asamblea Legislativa en el trámite de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, estimo que lo sería en 2023.
Hoy parece que me equivoqué.
Respecto al primer tema, sería estúpido pelear contra los hechos. Si bien las expectativas de operadores financieros locales e internacionales mejoraron, no ocurrió así en el sector real de la economía.
El Índice de Confianza Empresarial que calcula la UCCAEP que se había mantenido en 6,2 en los últimos tres trimestres de 2018, cayó en los dos primeros trimestres de este año a 5,9 y a 5,7, el nivel más bajo desde el cuarto trimestre de 2011. Por su parte el Índice de Percepción Empresarial también de la UCCAEP continuó en el primer trimestre de este año su disminución iniciada en el segundo trimestre del año pasado. Respecto a los consumidores, según la encuesta de la Escuela de Estadística de la UCR, mientras en febrero pasado se habían recuperado un poco los muy bajos niveles de confianza de noviembre de 2018, volvieron a disminuir en mayo.
Esta evolución de las expectativas de los agentes económicos nacionales junto con elementos climáticos y de precios internacionales que afectaron la producción agrícola, y con el impacto en nuestras exportaciones de la situación política nicaragüense y del deterioro de la economía mundial; han determinado una importante caída en el ritmo de crecimiento de nuestro producción, que no parece posible llegue siquiera a un 2% este año.
Algunos de esos factores negativos al incremento de nuestro PIB podrían de nuevo darse en los siguientes años. Así lo indicó Ronulfo Jiménez en la Revisión del Programa Macroeconómico del BCCR efectuado por la Academia de Centroamérica y Deloitte el pasado 13 de agosto. Ello debido al debilitamiento de la economía mundial, al calentamiento global y su efecto en nuestra producción agrícola, a la fragilidad de la situación fiscal y los límites que eso determina para la acción expansiva del gobierno, y a la complicada realidad política nacional.
Con esas circunstancias y un crecimiento menor del PIB difícilmente se alcanzarían los resultados fiscales que había proyectado el BCCR, y no se estabilizaría la deuda pública en 2023.
El cuadro se torna más negativo con el acuerdo del gobierno, la CCSS y sus sindicatos, que torpedea las medidas de restricción del gasto público. Ese acuerdo limita la gradual reducción del gasto en salarios e incentivos en proporción a la producción nacional, y abre la compuerta a huelgas y manifestaciones de otros sectores para lograr similares privilegios. El Poder Judicial ya ha declarado que no le son aplicables esas normas legales que disminuyen el crecimiento del gasto. Educadores, las policías, las municipalidades y hasta funcionarios de la Junta de Protección Social ya han manifestado similares ambiciones. Y, ¿por qué no los demás?
La regla fiscal y las disposiciones aprobadas para limitar el crecimiento de salarios, incentivos y transferencias y la regla fiscal deben aplicarse muy estrictamente de aquí en adelante. La Sra. Ministra de Hacienda y el equipo económico del gobierno requieren un gran apoyo de la opinión pública y un compromiso real del resto del Poder Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa para lograrlo. De lo contrario las medidas aprobadas el año pasado no serán más que un alegrón de burro y un aumento de impuestos.
