La alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, pidió este jueves una «moratoria» en el uso de la tecnología de reconocimiento facial durante manifestaciones pacíficas, ya que puede amplificar las discriminaciones.
«El reconocimiento facial no debería aplicarse en este contexto de protestas pacíficas, sin las salvaguardas esenciales relativas a la transparencia, la protección de datos y la supervisión», declaró la chilena en un comunicado.
Este llamado está en el centro de un informe publicado por el organismo el jueves, que examina la repercusión de las nuevas tecnologías en la promoción y protección de los derechos humanos en concentraciones, entre las cuales también se incluyen las protestas pacíficas. El informe fue solicitado hace dos años por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero su publicación tiene lugar cuando se multiplican las manifestaciones en el mundo.
En el documento se señala que en 2019 hubo protestas en el mundo entero, motivadas por una amplia y compleja gama de razones, entre otras como respuesta a la discriminación racial y estructural y el empeoramiento de las condiciones socioeconómicas, y que el descontento ha proseguido en 2020.
El informe destaca el uso de la tecnología de reconocimiento facial, que permite la identificación, la vigilancia y el seguimiento automáticos de los manifestantes. Según el organismo, mucha gente pierde las ganas de manifestarse en público y expresar libremente sus ideas por temor a ser identificado y sufrir luego consecuencias adversas.
La ONU advierte en el comunicado que «la tecnología de reconocimiento facial puede también perpetuar y potenciar la discriminación, incluso en perjuicio de los afrodescendientes y otras minorías». «El derecho de reunión pacífica nunca ha sido más importante que ahora, cuando un número mayor de manifestantes protestan contra el racismo, incluso contra el que ejerce la policía», declaró Bachelet.
Por ello, estima que debería decretarse una moratoria sobre el uso de la tecnología de reconocimiento facial en el contexto de las protestas pacíficas, hasta que los Estados cumplan con determinados requisitos en materia de derechos humanos.