El mandatario colombiano manifestó que ningún funcionario que quiera sacar provecho personal tiene cabida dentro de su Gobierno, incluso si son su familia.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó este jueves a la Fiscalía General de la Nación que adelante «todas las investigaciones necesarias» para determinar «posibles responsabilidades» de su hermano Juan Fernando Petro Urrego y de su hijo el diputado Nicolás Petro Burgos en medio de rumores de supuestas irregularidades que habrían cometido ambos durante acercamientos no autorizados del proceso de paz total con grupos delictivos.
A través de una carta pública divulgada en Twitter, el mandatario colombiano indicó que realizó esa petición a la Fiscalía, en concordancia con el compromiso que asumió con el país el 7 de agosto de 2021 y en respuesta al voto de confianza que le depositaron para generar un cambio en Colombia.
«Mi compromiso con Colombia (…) es lograr la paz y quien quiera interferir en ese propósito, o sacar provecho personal de este, no tiene cabida en el Gobierno, incluso si son miembros de mi familia. Confío en que mi hermano y mi hijo puedan demostrar su inocencia, pero respetaré las conclusiones a las que llegue la justicia», expresó Petro.
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Petro reiteró que el único funcionario que cuenta con el aval del Gobierno para tener contacto con las organizaciones al margen de la ley, «con el objetivo único de la búsqueda de la paz», es el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda.
Además, aclaró que su Gobierno no otorgará ningún tipo de beneficios «a criminales a cambio de sobornos».
«Al contrario, nos encontramos en la construcción de los mecanismos legales para que estas agrupaciones al margen de la ley se acojan a la justicia, reparen a las víctimas y cesen la violencia en las ciudades y demás territorios. La protección de la vida es una prioridad», señaló el mandatario.
Petro y el fiscal de Colombia logran acuerdos para sortear las diferencias sobre la ‘Paz Total’
Denuncia de irregularidades
En los últimos días, según medios colombianos, han surgido denuncias sobre la supuesta presencia de abogados y otras personas que acuden a las cárceles para negociar con los narcos presos, ofreciendo beneficios procesales a cambio
RT Noticias
