El Gobierno del presidente Nicolás Maduro rechaza toda crítica al proceso electoral de Venezuela e impulsa proyectos de ley que avanzan contra las organizaciones civiles y la observación externa en los comicios, de acuerdo con sus críticos, mientras restringe y criminaliza la disidencia, un camino que expone cada vez más paralelismos con el que tomó Nicaragua después de las protestas de abril de 2018 bajo el régimen de Daniel Ortega.
Con el Acuerdo de Barbados y la participación de la alianza mayoritaria de la oposición en los comicios presidenciales del 28 de julio (aunque sin su principal candidata, María Corina Machado), el chavismo parecía mostrar una línea de “autoritarismo electoralmente competitivo”, término que usa el politólogo venezolano John Magdaleno en sus análisis. En las últimas semanas el Consejo Nacional Electoral evitó dar resultados detallados de las elecciones tras proclamar ganador a Maduro, se agudizó la represión contra la disidencia y en el Poder Legislativo, de mayoría oficialista, avanzó con proyectos de ley que restringen el espacio democrático.
“Todo lo que Daniel Ortega hizo en 2020, un año antes de elecciones en Nicaragua, bajo un Estado policial, Maduro lo está haciendo después del fraude. El guion es idéntico”, dijo a CNN el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, medio que dirige exiliado en Costa Rica.
¿Qué pasó en Nicaragua?
Las protestas que estallaron en abril de 2018 en Nicaragua contra las reformas de la seguridad social fueron respondidas con una feroz represión. Las manifestaciones y las demandas crecieron hasta exigir la salida de Ortega y elecciones anticipadas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reportó hasta inicios de agosto de aquel año 317 muertos, una cifra mayor que la que contabilizaba el gobierno.
“Después de un estallido social y una insurrección cívica que duró 100 días, se impuso un Estado policial, una conculcación de todas las libertades democráticas, de todos los derechos de reunión, expresión, asociación, sin establecer un Estado de emergencia: una dictadura pura y dura”, dijo Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997).
En 2019, tras un diálogo con la oposición (el último hasta la fecha), el Gobierno se comprometió a fortalecer las garantías ciudadanas, revisar la situación de organismos civiles y medios a los que se les canceló la personería jurídica, y liberar a los detenidos en las protestas, pero solo cumplió parcialmente con el último punto.
Con este contexto, el país se dirigía a las elecciones programadas para 2021.
“En el período preelectoral, seguía el Estado policial, sin ninguna libertad”, indicó Chamorro. Luego de que la oposición decidiera participar, varios precandidatos fueron detenidos entre junio y julio bajo el marco de la Ley 1055, aprobada en 2020, que invoca una presunta “defensa de los derechos del pueblo a la Independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”.
También en 2020, la Asamblea Nacional había aprobado una Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que requiere que las personas naturales o jurídicas, sean nicaragüenses o de otras nacionalidades, que actúen como agentes extranjeros deben abstenerse de intervenir en política interna; y la Ley especial de ciberdelitos, que sanciona la difusión de “información falsa” que incite el odio, ponga en peligro la estabilidad económica o la seguridad soberana. La interpretación y aplicación de todos estos instrumentos jurídicos ha quedado bajo la sola discreción de las autoridades y sus fuerzas de seguridad.
Frente a esa escasa competencia y con una oposición ilegalizada, Ortega ganó su cuarto mandato consecutivo con más del 70% de los votos, según el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua.
Las leyes del chavismo
La mayoría chavista en la Asamblea Nacional aprobó este jueves una ley que limitaría el trabajo de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela.
El proyecto, discutido inicialmente en enero de 2023, fue reflotado en los últimos días en medio del conflicto poselectoral. El oficialismo argumenta que busca garantizar la transparencia y rendición de cuentas de estas organizaciones.
Oscar Murillo, coordinador general de la ONG Provea, dedicada a la promoción de derechos humanos en Venezuela, considera que la norma busca criminalizar la labor de los activistas de derechos humanos, entre otros.
En simultáneo, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, impulsa una propuesta para impedir a los observadores internacionales, en medio de las críticas oficialistas a la labor de las recientes misiones del Centro Carter y el Panel de Observadores de la ONU, que hicieron cuestionamientos sobre los últimos comicios, en los que participaron invitados por el Gobierno: dijeron que la votación “no puede ser considerada democrática” y que el proceso de gestión de resultados del CNE “no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad”.
Eugenio Martínez, director de Votoscopio ―organización dedicada a la difusión de temas electorales―, dijo a CNN que, a diferencia de una misión de acompañamiento, que tiene un despliegue limitado y una presencia “mayormente simbólica”, los observadores tienen el propósito de “evaluar el proceso electoral en su conjunto de manera sistemática”.
Según su análisis, la propuesta de Rodríguez “puede hacer aún más restrictiva la presencia de veedores”.
El Parlamento discute otro proyecto de ley “contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares”, con sanciones que podrían ser penales (prisión), administrativas (multas) o implicar la disolución de organizaciones.
Maduro ha usado varias veces el término fascismo para referirse a sus opositores. La propuesta de ley define el fascismo como una postura ideológica que, basada en una supuesta superioridad moral, étnica, social o nacional, “asume la violencia como método de acción política”, denigra a la democracia y promueve la supresión de derechos de algunos sectores para favorecer a otros. Además, amplía el concepto señalando que también son “rasgos comunes” a esta postura “el chovinismo, el clasismo, el conservadurismo moral, el neoliberalismo, la misoginia y todo tipo de fobia contra el ser humano”.
El proyecto pareciera redefinir qué es el fascismo, al menos en Venezuela. En círculos académicos y políticos de numerosos países se reconoce como fascismo la «ideología política y movimiento de masas que dominó muchas partes de Europa central, meridional y oriental entre 1919 y 1945 y que también tuvo adeptos en Europa occidental, Estados Unidos, Sudáfrica, Japón, América Latina y Oriente Medio», según la Enciclopedia Británica.
Gilberto Aranda, especialista en estudios latinoamericanos, dijo en el programa Conclusiones que la propuesta “es un mecanismo que busca sancionar, castigar a las disidencias políticas, en una deriva autoritaria”, por lo que augura una represión que se ensaña con la oposición.
Parecidos y diferencias
En cuanto al paralelo con Nicaragua, el periodista Chamorro indicó que “se parecen los procedimientos, pero se dan en momentos políticos completamente distintos”.
“Hay dos grandes diferencias. En Nicaragua nunca hubo una elección, sino una reelección sin competencia política. Los partidos habían sido ilegalizados y no hubo la posibilidad de saber quién lideraba la oposición. Y lo más importante, en Nicaragua ya vivíamos antes de la elección bajo el Estado policial, teníamos tres años sin poder salir a la calle con la bandera porque es un crimen, no había posibilidades de protesta”, comparó.
Apunta que en Venezuela “además de represión y masacre, se produjo un mega fraude. Eso está convocando a una reacción internacional”. En el caso de Nicaragua, Chamorro dijo que la crisis de 2018 tomó por sorpresa a la comunidad internacional, que reaccionó luego de la publicación de informes sobre las víctimas.
“Hay países de América Latina que, en el caso de Nicaragua, nunca ejercieron una presión efectiva contra la dictadura de Ortega y que en el caso de Venezuela al menos le demandan que presente las actas”, destacó Chamorro.
La región sigue atenta el proceso, además, por la posibilidad de una nueva ola migratoria. Si bien casi 8 millones de personas salieron de Venezuela desde 2014 según la ACNUR, en una encuesta realizada antes de las elecciones de julio más del 18% de los entrevistados por ORC Consultores respondió que consideraría abandonar Venezuela si Maduro fuera reelegido.
En el caso de Nicaragua, el país afrontó un éxodo frente al recorte del espacio cívico. La ACNUR indicó que entre 2018 y 2020 más de 100.000 personas se vieron “forzadas a huir y a buscar asilo a causa de la persecución y las violaciones de derechos humanos reportadas en el país”. En 2021, otros 140.000 nicaragüenses dejaron su país, la mayoría de ellos hacia Costa Rica, y otros también a Panamá y México.
De esta forma, los habitantes de Venezuela (con un desplome económico en la última década) y Nicaragua (con el segundo PIB per cápita más bajo de América Latina y el Caribe, según el Banco Mundial), dependen cada vez más de las remesas familiares. En el país centroamericano casi se triplicaron en el último lustro, cuando pasaron de ser US$ 1.682 millones en 2019 a US$ 4.660 en 2023. El Fondo Monetario Internacional estimaba que para finales de 2023 los envíos de los migrantes alcanzarían el 28% del producto interno bruto, el doble de su nivel de finales de 2021.
Otra diferencia que asoma entre ambos procesos es la relación con la Iglesia Católica, que salió en defensa de quienes protestaban pacíficamente en 2018 y buscó ser mediadora de un diálogo. En los últimos dos años, más de 50 sacerdotes han sido desterrados, según el Colectivo Nicaragua Nunca Más, una organización de defensa de derechos humanos, con casos como el del obispo Rolando Álvarez, un crítico abierto del Gobierno que vive en el exilio después de ser condenado por cargos que incluyen conspiración y traición. Además, el Gobierno ha ordenado el cierre de cientos de grupos religiosos.
En Venezuela, la Iglesia también ha realizado pronunciamientos contra las violaciones a derechos humanos y la relación con el Gobierno pasó por episodios de tensión, pero no ha alcanzado los niveles de confrontación y represión de Managua. Hace unos días, la Conferencia Episcopal Venezolana llamó a respetar el voto del pueblo en las elecciones y se solidarizó con quienes «viven la angustia de no conocer la ubicación de los detenidos».
Sobre las posibilidades que baraja Maduro, Chamorro dijo que el mandatario ya está desplegando un Estado policial en Venezuela, pero persiste la pregunta sobre su viabilidad. “Por supuesto que puede imponerlo, tiene el control de todas las fuerzas de seguridad, ¿pero puede mantenerlo, hacerlo efectivo? Eso depende de la capacidad de resistencia”, expresó.