(ELPAIS.CR) El sector pesquero reveló hoy que denunció penalmente al presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, y a otros funcionarios de su Gobierno por el presunto delito de prevaricato.
En su escrito, la Cámara de Pescadores Artesanales de Puntarenas, la Cámara de Pescadores de Quepos y la Cámara Nacional de la Industria Palangrera piden al Ministerio Público investigar los hechos denunciados y procesar a estos jerarcas por el delito en que habrían incurrido en marzo de 2019.
Precisan que en esa fecha fue publicado un decreto ejecutivo sin fundamento jurídico ni técnico para establecer la subasta pública como la nueva metodología de venta de las licencias para la pesca de atún por parte de las embarcaciones cerqueras de bandera extranjera.
Refieren que, además del presidente tico, imputan al ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Renato Alvarado, a la Jefa del Despacho del MAG, Ana María Conejo y al ex presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), Moisés Mug.
Explican que el referido decreto ejecutivo fue promulgado sin antes ser consultado ante la Junta Directiva del Incopesca, siendo esta instancia el ente rector en esa materia y agregan que durante la vigencia de la nueva metodología, todo 2019, ese Instituto no generó ingresos por ese concepto, al no lograr vender licencia alguna.
Al presidente tico y al titular del MAG lo señalan por haber firmado el decreto que no contaba con sustento técnico ni legal, mientras a Mug por no consultar la metodología a la Junta Directiva del Incopesca y a la asesora del MAG por coordinar la Comisión Técnica que acordó el cambio en la metodología de venta de licencias para captura de atún con cerco.
