Managua, Nicaragua (EFE).- La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, criticó hoy a quienes, a su juicio, «mendigan castigo» fuera del país para el Gobierno de su esposo, Daniel Ortega, por la crisis sociopolítica que enfrente el país y que, según organismos internacionales humanitarios, ha dejado más de 400 muertos.
«No van a ninguna parte aquellas personas, aquellos grupos que todavía piensan que mendigando afuera castigos para Nicaragua, van a poder ocupar los espacios que solo se ganan con la aprobación del pueblo», dijo Murillo, a través de medios del Gobierno, que ha enfatizado que las protestas solo han dejado 198 víctimas mortales.
En su alocución, la primera dama no identificó a las personas y grupos a las que hizo referencia.
Horas antes, en una entrevista con la Agencia Efe en Managua, el presidente Ortega aseguró que desde abril pasado existen «campañas en Estados Unidos» de personas «que piensan como -el escritor- Sergio Ramírez», para «pedirle allá a congresistas de la Florida que actuaran en contra de los nicaragüenses para que no hicieran alianzas con el Gobierno», sin dar nombres propios.
Murillo afirmó «tener mucha paciencia» ante «esos pocos que piensan como extranjeros».
Ortega, quien gobierna Nicaragua desde 2007, enfrenta su momento más adverso desde abril pasado, por protestas en su contra.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de «más de 300 muertos», así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Ortega también negó en entrevista con Efe que haya sofocado dichas protestas con represión, no se siente responsable de las muertes en las calles durante los últimos meses y culpó a EE.UU. y al narcotráfico de financiar, apoyar y armar a grupos violentos.
Las manifestaciones contra Ortega y Murillo comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.
