(Elpaís.cr, San José, 05/09/2019)
Un grupo de diputados ha solicitado a la Sala IV que se pronuncie sobre la constitucionalidad del proyecto de ley 21.049 “para dar seguridad jurídica a la huelga y sus procedimientos” en Costa Rica.
La solicitud cuenta con las firmas de los siete diputados del partido evangélico Nueva República; Shirley Díaz, del Partido Unidad Social Cristiana; Dragos Dolanescu, del Republicano Socialcristiano y Wálter Muñoz, del Partido Integración Nacional.
“Nos parece que la propuesta en varios puntos se torna extremista y desproporcional. En varios artículos del texto se pueden apreciar conceptos que no están definidos claramente y que quedarían a la libre interpretación del que aplica la norma, generando inseguridad jurídica como es el caso de huelgas políticas y huelgas contra políticas públicas”, dijo Carmen Chan, jefa de Nueva República.
Chan dijo en redes sociales que el plazo de 48 horas para la realización de una huelga contra políticas públicas es demasiado reducido, lo cual atenta contra el derecho reconocido por la Organización Internacional del Trabajo de desarrollar este tipo de huelgas.
“Ante estas y otras interrogantes, considero pertinente enviar el texto a consulta a la Sala Constitucional. Se está trabajando en conjunto con diputados de otras fracciones para realizar dicha pregunta”, informó.
Entre tanto, Albino Vargas, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en un video compartid en su cuenta de la red social Facebook, aseguró que dicho proyecto de ley «inaugura una etapa histórica en lo que llamaremos autoritarismo en la democracia, que pretende castrar todo tipo de protesta y manifestación pública de cualquier carácter, porque la clase política dominante tiene mucho miedo».
Vargas advirtió que tras la llamada Ley Mordaza, como califica al recién aprobado proyecto de ley 21.049, vienen medidas más drásticas de ajuste estructural de la economía, y dicha clase dominante teme que el pueblo le pida cuentas por la creciente desigualdad.
«(Este anteproyecto) marca una involución, un retroceso para Costa Rica, que alguna vez se posicionó como el país más avanzado de América Latina en materia de legislación laboral», señaló el sindicalista, quien alertó sobre las consecuencias de estas medidas.
El titular de la ANEP advirtió que «un pueblo con hambre, sin empleos, al que le quitan paulatinamente su salario y se le encarece la vida, es un pueblo que va a seguir luchando», ya sea mediante mecanismos institucionales a nivel nacional e incluso internacional.
Para este jueves a las nueve de la mañana, los sindicatos ANDE y APSE, que aglutinan un importante sector del Magisterio Nacional anunciaron continuarán el paro y se manifestarán nuevamente frente a la Asamblea Legislativa.
