Las personas solicitantes de refugio y refugiadas que viven en Costa Rica tendrán acceso a los servicios de salud que ofrece la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tras la suscripción de un convenio especial entre la institución aseguradora y diversas instituciones públicas y organismos internacionales.
Se trata del Convenio Marco de Aseguramiento Colectivo para la Cobertura del Seguro de Salud a Personas Solicitantes de Refugio y Refugiadas y en el acto de firma participaron autoridades del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), la Fundación de la Universidad de Costa Rica (Fundación UCR), la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR Costa Rica), la Embajada de España en San José y la Cooperación Española en Costa Rica.
Para la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, la firma de este convenio de aseguramiento colectivo representa una oportunidad para ofrecer a poblaciones vulnerables atención digna con un seguro de calidad como el que brinda la institución.
«Ofrecer un aseguramiento colectivo a las personas refugiadas y solicitantes de refugio que cuentan con vulnerabilidades médicas es reafirmar nuestro compromiso como garantes de la salud pública. La Caja Costarricense de Seguro Social es el pilar fundamental del sistema de salud público en el país, por eso es que, por medio de convenios como el que hoy estamos firmando, seguimos contribuyendo con el acceso de la atención médica para quienes más lo necesitan”, expresó la funcionaria.
Dentro de los objetivos que busca alcanzar el convenio de aseguramiento se encuentra mejorar el acceso a los servicios de atención integral de salud para la población beneficiaria, específicamente personas solicitantes de refugio y refugiadas. Esta atención se brindará según los términos y condiciones establecidos por el Reglamento del Seguro de Salud y el Reglamento de Aseguramiento Voluntario y Aseguramiento de Migrantes de la CCSS.
Este aseguramiento no contempla la cobertura del Seguro de Invalidez Vejez y Muerte ni el Régimen no Contributivo de Pensiones. El convenio comienza a regir a partir de agosto de 2023 y tendrá vigencia por un año.
Laura Fernández Delgado, ministra de Planificación, puso énfasis en que el Estado costarricense comparte con la comunidad internacional la responsabilidad de abordar las necesidades y preocupaciones mutuas de la migración internacional, asumiendo la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de todas las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de la condición de refugio que se encuentren en su territorio.
“Mideplan, como entidad rectora de la gestión de la cooperación internacional en el país, agradece el apoyo e interés invaluable de la Unión Europea en otorgar recursos no reembolsables a fin de brindar una adecuada atención a las personas refugiadas y solicitantes de refugio por parte de las instituciones públicas; a la cooperación española por ser la entidad implementadora del proyecto, al ACNUR por ser socio estratégico en esta iniciativa y a la CCSS quien será responsable de la realización de actividades en el campo del aseguramiento colectivo de personas refugiadas y solicitantes de refugio que les permita acceder a los servicios médicos ofrecidos por el sistema de salud pública costarricense”, señaló la ministra.
La administración de los recursos financieros será gestionada por la Fundación UCR. Al respecto, el ingeniero José Alberto Moya Segura, Delegado Ejecutivo de esta fundación, expresó su gratificación de poder colaborar en este proyecto a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), organización que le encomendó la administración de los recursos para su ejecución.
“Este proyecto sin duda beneficiará a muchas personas en condición de vulnerabilidad en Costa Rica. Hoy asumimos este compromiso con mucha responsabilidad, en el cual aportaremos toda nuestra experiencia en la administración de fondos y en la gestión de los recursos, trabajando de manera ágil, ética y transparente” aseveró Moya Segura.
Milton Moreno, representante ACNUR en Costa Rica, indicó que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados se unió al Proyecto de Cobertura Sanitaria y Acceso a Empleo de la población Migrante (Proyecto CSAEM) para asegurar el acceso de personas refugiadas y solicitantes de refugio con vulnerabilidades médicas al seguro médico de la CCSS. Dentro de este nuevo convenio, ACNUR realizará la identificación de casos, valoración de elegibilidad y referencia a las autoridades de la Caja.
Según indicó el señor Moreno, después de acompañar el debido proceso de inscripción en la CCSS, ACNUR entregará a las personas aseguradas un carné identificador, el cual podrán presentar para acceder a todos los servicios médicos ofrecidos por el sistema de salud pública costarricense.
“Este nuevo convenio de aseguramiento para personas refugiadas y solicitantes de refugio es otra muestra del compromiso solidario de ACNUR y de la cooperación internacional para que Costa Rica cuente con un sistema robusto de protección para quienes son forzados a salir de sus países, al tiempo que se refuerza la sostenibilidad de la salud pública universal con fondos adicionales”, afirmó Milton Moreno.
Por su parte, Carmen Rives Ruiz-Tapiador, encargada de negocios ai de la Embajada de España en Costa Rica, aseguró que “la Cooperación Española considera prioritario que se facilite el acceso a la salud a las poblaciones de personas refugiadas y solicitantes de refugio, como elementos fundamentales para su integración exitosa en la sociedad de acogida, y como garante de la protección de los derechos de esas poblaciones. La firma del presente convenio es una acción pionera cuya complejidad de poner en marcha, gracias a la financiación de la Unión Europea, se podría capitalizar y replicar en otros contextos, donde las personas refugiadas y solicitantes de refugio tienen dificultades para el acceso al sistema de salud público del país de acogida”.
Con el apoyo de la AECID, a través de Mideplan, así como la ACNUR y la Fundación UCR, se logra la extensión de la cobertura contributiva en el seguro de salud otorgado por la CCSS, en forma de cotización colectiva para las personas refugiadas y solicitantes de refugio, esto con el propósito expreso de protegerlas, mediante la suscripción de dicho convenio de aseguramiento colectivo.
El presupuesto asignado es de 1.320.000 euros. La Unión Europea, representada por la Comisión Europea, es la encargada de otorgar el aporte económico para su puesta en marcha.
Fuente. elpaiscr
