Los investigadores sospechaban que Rubén Cherres, de 63 años, tenía conexiones con el narcotráfico
Ejecuciones, torturas, empresarios corruptos y la trama que dio inicio al pressing parlamentario contra el presidente de Ecuador. Lo que le faltaba a Guillermo Lasso, que no sólo enfrenta una oleada de violencia inédita en el país andino, sino que también que convencer a un grupo de diputados para no ser destituido cuando ni siquiera ha cumplido dos años en el Palacio de Carondelet.
La noticia bomba saltó el pasado viernes, cuando un exministro de Interior de Rafael Correa, el gran rival de Lasso, avisó a través de sus redes sociales que el polémico empresario Rubén Cherres era una de las cuatro víctimas mortales encontradas en una vivienda de la costeña Punta Blanca. Sobre Cherres pesaba una orden de detención desde enero, no ejecutada, y una investigación de la Fiscalía por sus oscuros negocios con Danilo Carrera, cuñado del presidente. Sin duda, una pieza clave en el principal escándalo del gobierno de Lasso.
Ambos personajes protagonizan el caso Gran Padrino, entramado de corrupción en empresas públicas que la oposición parlamentaria incluyó en su informe para abrir el juicio político contra Lasso. Además, los investigadores sospechaban que Cherres, de 63 años, tenía conexiones con el narcotráfico, que se ha extendido por Ecuador tan rápidamente como en su día lo hizo el Covid. Incluso en su contra figuran ciertos vínculos con la conocida como mafia albanesa.
En la sangrienta escena del crimen también estaban los cuerpos de la novia del empresario, de un amigo y de un guardia de seguridad, todos ellos maniatados, con signos de tortura y con impactos de bala.
Cherres permaneció entre los bastidores mediáticos hasta que su nombre trascendió a la opinión pública con la investigación realizada por el medio La Posta, que incluía audios donde se pavoneaba de quitar y poner a miembros del gobierno a cambio de dinero y favores. Todo ello, según sus propias palabras, gracias a su cercanía al cuñado del presidente, que este ha desmentido públicamente.
«Esto cada vez más huele a podrido. ¡Qué te hicieron, patria!», vociferó el expresidente Correa, prófugo de la justicia ecuatoriana tras ser condenado a ocho años de cárcel.
El asesinato de Cherres añade más sombras a la deriva política de sufre Ecuador, pese a que el caso Gran Padrino finalmente no forma parte del veredicto emitido esta semana por la Corte Constitucional para dar vía libre al proceso de impeachment presidencial. El juicio político se ha reducido a un solo supuesto, presunto delito de peculado, tras desecharse los cargos de concusión.
Según la acusación, Lasso habría conocido y consentido la adjudicación de contratos petroleros en perjuicio de empresas públicas, en lo que nada tiene que ver Cherres. Un caso denunciado en su día por el periodista y asambleísta Fernando Villavicencio, que se basa en un contrato que, asegura, contó con el visto bueno de Mireya Pazmiño, diputada rebelde del partido indígena Pachakutik y acusadora en el juicio político contra Lasso. Acusados y acusadores en el mismo saco político.
«Es un país que se hunde», se lamentó el analista político Pedro Donoso.
Lasso enfrenta su impeachment con casi todo en contra, porque la alianza contranatura de los diputados de la revolución de Correa y los asambleístas del Partido Social Cristiano (populistas de derecha), más el apoyo de los rebeldes de Pachakutik y los disidentes de Izquierda Democrática, cuentan de momento con los 92 de 137 escaños necesarios para aprobar la destitución.
El mandatario conservador asegura que enfrenta un «ataque sistemático, mafioso y mediático, que pretende enlodar mi nombre y el de mi hogar. Eso se llama asesinato de la reputación».
En paralelo a la embestida política, dirigida por Correa desde el exterior, Ecuador sufre una ola de violencia inédita, que en las últimas horas se ha cobrado más víctimas además de los cuatro asesinados en la masacre de Punta Blanca.
Fuente. elmundoes
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