El Tribunal de la Inspección Judicial ordenó al juez Josué Salas Montenegro, pues el expediente lleva más de 6 meses en su escritorio sin resolver, situación que aprovecha la empresa para usar unidades de buses que ya deberían estar fuera de circulación, sin seguros y amenazando la integridad de los usuarios.
La investigación nace luego de una denuncia interpuesta por la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos, quienes presentaron la denuncia ante la oficina de la Inspección Judicial.
Esto ante quejas de usuarios que reclaman por el mal estado de los buses y el hecho de que sean unidades cuyo plazo de servicio ya está vencido.
Los usuarios señalan que Busetas Heredianas pone al servicio al menos 10 unidades, y a pesar de que la Policía de Tránsito les retira las placas cada cierto tiempo las ponen de nuevo en funcionamiento.
Ante este panorama, el Tribunal de la Inspección Judicial otorgó tres días de plazo (que vencen este miércoles) para que el juez explique el por qué del atraso.
La situación adquiere un aspecto crítico si se toma en cuenta que esta empresa perdió la concesión desde el 2018, cuando la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), ordenó quitar el permiso.
El propio Consejo de Transporte Público tomó una resolución en la misma línea este año.
Sin embargo, la empresa Busetas Heredianas ha utilizado al Contencioso para atrasar la entrega de la ruta al Estado, situación que ya está siendo investigada.
“Es inexplicable, que desde 11 de octubre se haya ordenado trasladar los autos al Tribunal de Apelaciones para resolver apelación de la empresa y que a la fecha no se haya procedido conforme el debido proceso de ley”, reclamó González
Fuente. elperiodicocr Emiliy Fallas y Redacción
