“El mundo se encuentra en una encrucijada existencial que involucra una pandemia, una profunda recesión económica, un cambio climático devastador, una desigualdad extrema y un levantamiento contra las políticas racistas. Recorriendo todos esos desafíos subyace la larga negligencia de la lucha contra la extrema pobreza de muchos gobiernos, economistas y defensores de los derechos humanos”, asegura un informe de un experto de la ONU presentado al Consejo de Derechos Humanos.
Philip Alston, hasta hace una semanas relator* especial de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, señala que frente a esa negligencia muchos líderes mundiales, economistas y expertos han promovido con entusiasmo un mensaje de autocomplacencia, proclamando que el avance contra la pobreza es uno de los mayores logros humanos de nuestro tiempo.
Sin embargo, «la realidad es que miles de millones de personas se enfrentan a pocas oportunidades, innumerables indignidades, hambre innecesaria y muertes que podrían evitarse», concluye este profesor, titular de la cátedra John Norton Pomeroy de derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.
El COVID-19, una pandemia de pobreza
La pandemia mundial del coronavirus ha llevado a más de 250 millones de personas al borde de la inanición y empujará a 176 millones por debajo de esa línea de pobreza, frustrando así la Agenda.
El relator señala que hay que llamarse a engaño porque el pésimo historial de la comunidad internacional en lo que respecta a la lucha contra la pobreza, la desigualdad y el desprecio por la vida humana precede en gran medida a esta pandemia. Y denuncia que esa lucha se centra en las promesas de un el crecimiento económico que no se cumplen.
«En demasiados casos, los beneficios prometidos del crecimiento no se materializan o no se comparten», dice el informe. «La economía mundial se ha duplicado desde el final de la Guerra Fría, y sin embargo la mitad del mundo vive con menos de 5,50 dólares al día, principalmente porque los beneficios del crecimiento han ido en gran medida a los más ricos».
Por ese motivo, el mundo necesita nuevas estrategias, una auténtica movilización, potenciación y responsabilidad «para evitar el sonambulismo hacia el fracaso asegurado mientras se producen interminables informes insípidos».
Acabar con la pobreza es una decisión política
También aseguró que la pobreza mundial continua a gran escala es incompatible con el derecho humano a un nivel de vida adecuado y el derecho a la vida junto con el derecho a vivir con dignidad.
“El hecho de no tomar las medidas necesarias para eliminarla es una elección política que, además, deja firmemente instauradas prácticas discriminatorias basadas en género, estatus, raza y religión, diseñadas para privilegiar a ciertos grupos sobre otros”.
Al presentar el informe, el sucesor de Alston, Oliver De Schutter dijo que la justicia fiscal es clave para garantizar que los gobiernos dispongan del dinero necesario para la protección social tras señalar que en 2015, las multinacionales trasladaron aproximadamente el 40% de sus beneficios a paraísos fiscales, mientras que los tipos del impuesto de sociedades a nivel mundial han caído de una media del 40,38% en 1980 al 24,18% en 2019.
De Schutter también pidió que se estableciera un fondo de protección social para ayudar a los países a dar a los más pobres garantías básicas de seguridad social.
«El crecimiento por sí solo, sin una redistribución mucho más robusta de la riqueza, no conseguiría combatir eficazmente la pobreza», agregó el nuevo relator especial sobre pobreza extrema y derechos humanos.
Sobre la base de las tasas de crecimiento histórico, se necesitarían 200 años para erradicar la pobreza por debajo de la línea de los cinco dólares diarios y se requeriría un aumento del producto interior bruto mundial de 173 veces.
«Esto es una perspectiva totalmente irreal, sobre todo porque no tiene en cuenta la degradación ambiental asociada al crecimiento económico, ni los efectos del cambio climático en la propia pobreza», explicó De Schutter.
El experto mostró su satisfacción por el informe de su colega porque “ilustra que la pobreza no es sólo una cuestión de bajos ingresos. Es una cuestión de exclusión, de abuso institucional y social, y de discriminación. Es el precio que pagamos por las sociedades que excluyen a las personas cuyas contribuciones no son reconocidas. Erradicar la pobreza significa construir sociedades inclusivas que pasen de un enfoque caritativo a un enfoque de empoderamiento basado en los derechos».
Los Relatores Especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.